La cobertura de redes móviles 5G alcanza ya al 95,76% del territorio del Estado español, según el Informe de Cobertura de Banda Ancha en España publicado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
En áreas rurales, el porcentaje se sitúa en el 80%, frente al 26% registrado en 2021. El ministro Óscar López ha señalado que “avanzamos de forma destacada hacia la consecución de los objetivos marcados por la Comisión Europea en conectividad digital”, aludiendo a otros datos del informe: un 94% del país cuenta con redes fijas de alta capacidad, un 95% con fibra óptica y un 96% con cobertura 5G.
No obstante, menos de la mitad de la población (44,11%) accede al 5G de tipo stand alone, la versión técnicamente más avanzada, que permite mayores velocidades y menor latencia. En el medio rural, esta cobertura apenas alcanza al 12% de la población.
“Tenemos en marcha un programa de ayudas en este sentido”, explican fuentes del Ministerio a El Diario Vasco, señalando que se han movilizado casi 670 millones de euros para impulsar el despliegue de esta tecnología en municipios de menos de 10.000 habitantes. Esta red, según Moncloa, “es clave para aplicaciones como la conducción autónoma o la automatización industrial”.
Otra de las líneas de actuación es el plan Conéctate 35, lanzado en 2023 dentro del programa UNICO para proporcionar conexión vía satélite en zonas con baja densidad de población y sin acceso a fibra.
Según el Ministerio, unos 12.000 hogares —principalmente en Castilla y León, Galicia, Andalucía y Asturias— ya están conectados con este sistema, que ofrece 100 Mbps por 35 euros al mes. El Gobierno y la operadora pública Hispasat prevén duplicar esta velocidad en los próximos meses.
Control social
Además de las implicaciones técnicas, el avance del 5G también tiene implicaciones sociales de gran alcance. Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la implantación masiva de esta tecnología incrementa los riesgos para la privacidad asociados a la localización precisa de los usuarios, el perfilado y la toma de decisiones automatizadas.
El informe de la AEPD advierte que el despliegue de redes 5G y la explosión de servicios conectados pueden “diluir la responsabilidad sobre el tratamiento de datos personales y aumentar la complejidad en la protección de la privacidad”.
Diversos expertos y organizaciones han señalado que el 5G, junto al internet de las cosas y la inteligencia artificial, “facilita la monitorización continua de los individuos y la recogida masiva de datos personales”, lo que puede emplearse para la predicción y el control social.
Marta Peirano, autora especializada en tecnología, sostiene que “los datos emitidos por los usuarios de la tecnología y los dispositivos digitales derivan en un gran poder de vigilancia y control social aparentemente invisible que alimenta algoritmos y sistemas de futuro”.
