En Iruñea (Nafarroa), recientemente la Policía Foral y la Policía Municipal llevaron a cabo la llamada operación Karpi, que tras ser grabada en vídeo, tuvo una enorme difusión en redes: tanto el Gobierno de Navarra como los medios de comunicación la compartieron ampliamente. A raíz del revuelo mediático generado, este martes han comparecido diversos colectivos de Iruñerria: el Consejo Socialista de Iruñerria, Salhaketa Nafarroa, Dar Etxea, el Punto de Información para Personas Migradas, Elkarri Laguntza, Paris 365, Elkarte, Haritu y SOS Racismo Nafarroa.
Han denunciado que la “visibilidad” que se ha querido dar a la intervención policial no era en absoluto necesaria en “operaciones previamente planificadas”: “Entendemos que la exhibición pública y mediática de la acción, más que garantizar un proceso eficaz o proporcionado, la convierte en una herramienta de propaganda o de castigo social, buscando generar un impacto social y mediático en la sociedad y los medios a través de la escenificación del castigo”.
Los colectivos mencionados advierten además que las imágenes difundidas en torno a la operación “refuerzan estereotipos sociales” y que dar detalles sobre la nacionalidad, origen étnico o situación administrativa de las personas detenidas alimenta discursos racistas y xenófobos. Añaden que todo esto “genera una alarma social innecesaria y hace pensar que determinados barrios o colectivos son peligrosos por sí mismos […], reforzando discursos de odio y exclusión”.
Producción audiovisual
“Resulta curioso que, la mayoría de las veces, cuando la ciudadanía ejerce su derecho a grabar actuaciones policiales, se les amenaza o sanciona por infringir la Ley de Seguridad Ciudadana”, recuerdan: “En esta ocasión se ha decidido grabar íntegramente la intervención y publicarla de inmediato”. Así, señalan que lo difundido ha sido una “producción audiovisual”; “de hecho, la filtración y difusión del vídeo de la operación, y el uso oportunista por parte de la extrema derecha, han servido para expandir un discurso racista, punitivo y autoritario”.
En relación a esto, recuerdan que las operaciones policiales “han tenido múltiples ensayos previos en nuestras calles a través de los controles de identidad racistas que ocurren a diario, donde se controla y clasifica a la población racializada”, aunque habitualmente no se graban. Denuncian que estos controles van en aumento, “alimentando la narrativa que justifica una presencia policial constante”. “No es una herramienta para prevenir o combatir la delincuencia, sino un laboratorio de experimentación de exclusión y límites normativos”, añaden: “Los conflictos políticos y sociales no se resuelven con represión”.
Vía tecnocrática: Policía, control, castigo
Los colectivos reunidos han expresado su preocupación porque “los discursos de odio y exclusión encuentran un eco preocupante en las políticas públicas y en el discurso institucional y social”. “La venta de seguridad, control y orden como mercancía política, de izquierda a derecha, demuestra que el miedo se ha convertido en el principal motor de la movilización electoral en un contexto de creciente incertidumbre global”, afirman.
Junto a esto, consideran que “se está optando por una vía tecnocrática para gestionar el malestar ciudadano”, en lugar de abordar “las causas estructurales de la inseguridad”; es decir, “más policía, más cámaras, más castigo”. Y opinan, además, que todo esto no responde solo a los intereses del “status quo”: “Se adapta perfectamente a las ansiedades de las clases medias”.
Por ello, los colectivos mencionados exigen “responsabilidad institucional, precisión informativa y la inmediata suspensión de las prácticas que perpetúan la criminalización estructural de los sectores ya precarizados de nuestra sociedad”.
