Diez años de la Ley Mordaza

Más de dos millones de multas y 1.300 millones de euros recaudados bajo una norma que PSOE, Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC, PNV, Junts y BNG prometieron derogar.

Imagen de archivo de agentes de la UIP de la Policía Nacional española en una manifestación del Gaztetxe de Errotxapea.
Foto: Gedar Langile Kazeta

Este martes se cumplen diez años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana en el Estado español, conocida popularmente como “Ley Mordaza”. Desde su aprobación en 2015 bajo el Gobierno del Partido Popular, la aplicación de esta norma ha supuesto la imposición de 2.155.990 multas, por un importe total que se acerca a los 1.300 millones de euros, según datos oficiales del Ministerio del Interior y recopilaciones de organizaciones como No Somos Delito y Amnistía Internacional.

La Ley Mordaza ha sido criticada desde su origen por restringir derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y manifestación. Entre sus hitos más polémicos destacan las sanciones por grabar a policías, las multas por protestas pacíficas y el uso de la figura de “falta de respeto a la autoridad” para castigar la disidencia social.

Numerosos movimientos sociales y políticos, sindicatos y asociaciones de juristas han denunciado el carácter punitivo y disuasorio de la norma, que ha sido utilizada para reprimir movilizaciones políticas, huelgas, protestas feministas, por la vivienda, por palestina y manifestaciones en defensa de los servicios públicos.

Pese a que PSOE y Unidas Podemos incluyeron la derogación de la Ley Mordaza en sus programas electorales y en el acuerdo de gobierno de coalición de 2020, aunque prometieron reiteradas veces que la derogarían al llegar al Gobierno, lo cierto es que no la han derogado, e incluso la reforma ha quedado sistemáticamente bloqueada en el Congreso de los Diputados por falta de consenso y presiones de los lobbys policiales. Las promesas de Pedro Sánchez y los diferentes ministros no se han traducido en cambios legislativos efectivos, y la ley sigue plenamente vigente una década después de su aprobación.

El balance de estos diez años evidencia el uso masivo de la Ley Mordaza como mecanismo de recaudación y control social que golpea a la clase trabajadora, así como el incumplimiento de los compromisos políticos de derogación por parte de los diferentes gobiernos “progresistas”.