El Tribunal Supremo español ha ordenado el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, por su presunta implicación en la trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, conocida como ‘caso Koldo’. El magistrado instructor, Leopoldo Puente, considera que Cerdán ejercía un papel de “preeminencia” dentro de la organización, gestionando la recaudación de pagos ilícitos de constructoras favorecidas y su posterior reparto entre los miembros de la trama, entre ellos el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
El auto judicial sostiene que el “botín” detectado hasta ahora, en torno a un millón de euros para Ábalos y García, es “insólitamente mínimo” en comparación con el volumen total de las adjudicaciones, que podría superar los cinco millones de euros si se aplicara un porcentaje estándar de comisiones en este tipo de operaciones. Por ello, el Supremo no descarta que “más personas, físicas o jurídicas”, además de los tres principales investigados, se hayan lucrado con las adjudicaciones bajo sospecha.
La investigación detalla que la trama habría favorecido a empresas como Acciona Construcción, actuando en UTE con otras de menor tamaño, mediante valoraciones subjetivas en los concursos públicos y sin que las adjudicatarias presentaran las mejores ofertas económicas. El juez considera que Cerdán tenía un “conocimiento privilegiado de los hechos” y advierte del riesgo de destrucción de pruebas, motivo por el que decreta su ingreso en prisión.
Durante su declaración, Cerdán negó cualquier implicación y atribuyó su imputación a una supuesta “persecución política” por su papel como “arquitecto de los gobiernos progresistas”, argumento rechazado por la Fiscalía Anticorrupción, que lo señala como “jefe de la organización criminal”.
La Fiscalía también apunta a posibles delitos de malversación, mientras que las acusaciones populares, lideradas por el PP, han solicitado medidas cautelares similares para Ábalos y García, aunque en su caso el juez optó por prohibición de salida del país y retirada de pasaporte.
El Supremo considera que la investigación sigue abierta y que aún podrían salir a la luz nuevos beneficiarios de la trama, subrayando que el alcance real del desvío de fondos públicos podría ser mucho mayor de lo detectado hasta ahora.
