La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Banco Central Europeo (BCE) alertan de que el incremento simultáneo del gasto en pensiones, el pago de la deuda y los compromisos militares forzará al Estado español a mantener una política de “contención del gasto público” durante al menos los próximos quince años.
Según la AIReF, el aumento del gasto militar para alcanzar solo el 2% del PIB supondrá un ajuste adicional de cerca de un punto del PIB, que se sumará a las dificultades ya existentes para estabilizar la deuda y hacer frente al envejecimiento de la población. El organismo calcula que, solo por el envejecimiento, el Estado español deberá ajustar tres puntos del PIB hasta 2040, y que el esfuerzo total podría superar los cinco puntos del PIB si se cumplen los compromisos de gasto militar.
La AIReF estima que el déficit público se reducirá hasta el 2,7% del PIB en 2025 y se estabilizará en torno a ese nivel hasta 2027, pero advierte que, a partir de 2027, el déficit volverá a crecer debido al aumento de los intereses de la deuda, las pensiones y el gasto militar.
El BCE, por su parte, señala que el mayor gasto militar podría elevar la deuda en diez puntos del PIB en los países más endeudados, como el Estado español, y subraya que “no hay lugar para la complacencia, ya que cuanto más se retrase el ajuste mayor será su eventual coste”. Ambos organismos coinciden en que, para cumplir con las reglas fiscales europeas y con los compromisos internacionales, “será necesario contener el crecimiento del gasto público”, de modo que avance a tasas del 3% anual en lugar del 4% que subiría por inercia.
El informe de la AIReF advierte que el espacio para nuevos desembolsos “será muy reducido” y que partidas como la educación, la inversión pública o la vivienda perderán peso relativo frente a pensiones y gasto militar.
El Gobierno español ha anunciado “medidas de ingresos” y la retirada de rebajas fiscales temporales para cumplir con los objetivos europeos hasta 2027. Sin embargo, los organismos independientes insisten en que, a partir de ese año, los “ajustes” serán “ineludibles” y podrían prolongarse durante más de una década, afectando a la estructura del gasto público y a la capacidad del Estado para responder a otras partidas sociales y económicas.
