Una investigación del medio francés Disclose ha sacado a la luz la existencia de al menos 429 víctimas de violencias sexuales cometidas por 215 policías y gendarmes en el Estado francés entre 2012 y 2025. Los casos van desde el acoso sexual hasta la violación, y afectan tanto a personas bajo custodia, denunciantes, exiliadas, menores o incluso compañeras y compañeros del cuerpo.
Los agresores, de todos los rangos, han utilizado su posición y los recursos policiales —como bases de datos internas, armas reglamentarias o vehículos oficiales— para seleccionar, intimidar y silenciar a sus víctimas. En el 40% de los casos, los mismos funcionarios reincidieron, y cinco siguen en activo pese a condenas por violencia sexual.
El estudio revela un patrón sistemático de abuso de poder y una cultura de impunidad institucional. El Ministerio del Interior no ha adoptado ninguna medida estructural para prevenir o sancionar estos delitos: ni circulares, ni protocolos internos, ni prohibición expresa de “relaciones sexuales” con personas bajo custodia o denunciantes.
Las sanciones, cuando llegan, son excepcionales y leves: desde 2021 solo 18 policías han sido sancionados por violencia sexual, de los cuales apenas diez fueron expulsados del cuerpo. En la gendarmería, solo tres de los 46 sancionados en 2023 por violencia sexista o sexual fueron expulsados, mientras que la mayoría recibió simples amonestaciones o suspensiones temporales.
Las víctimas, en su mayoría mujeres (76%), pero también hombres y menores, han sido agredidas en situaciones de extrema vulnerabilidad: durante detenciones, controles, manifestaciones o incluso al acudir a denunciar violencia machista.
Las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior confirman el aumento de las denuncias por violencia sexual en el Estado francés, pero al igual que en el Estado español, no existen datos públicos específicos sobre la implicación de las fuerzas policiales, aunque estudios como el mencionado aportan indicios preocupantes al respecto.
La ausencia de voluntad política y la banalización de estos hechos por parte de la jerarquía policial y todo el aparato de Estado en su conjunto perpetúan un clima de impunidad, que deja desprotegidas a las víctimas y refuerza la desconfianza social hacia las instituciones, en teoría encargadas de “garantizar la seguridad y la justicia”.
