Amnistía Internacional ha solicitado formalmente a la empresa guipuzcoana CAF que se retire del proyecto del tranvía ligero de Jerusalén/Al Quds, recordando que su participación contribuye a la consolidación y expansión de asentamientos nuevos israelíes en la parte Este de la capital palestina y Cisjordania, considerados ilegales hasta por Naciones Unidas.
La petición se produce tras la inclusión de CAF en un informe presentado esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por Francesca Albanese, relatora especial para Palestina, quien señala que la infraestructura —27 kilómetros de nuevas vías y 50 estaciones— conecta nuevas colonias israelíes con Jerusalén Este y facilita la anexión de más territorios ocupados.
La organización recuerda que CAF está involucrada en este proyecto desde 2019, en consorcio con la empresa israelí Shapir, y denuncia que la nueva línea de tranvía enlaza territorio ocupado en 1948 con asentamientos más recientes en Jerusalén Este, cuya anexión no ha sido reconocida por la comunidad internacional. En el comunicado, el director de Amnistía Internacional en el Estado español, Esteban Beltrán, insta a CAF a “dejar de mirar a otro lado” y a abandonar el proyecto, señalando que su implicación “contribuye a la consolidación y mantenimiento de los asentamientos ilegales”.
Amnistía Internacional también ha pedido a Moncloa y Lakua que examinen los posibles vínculos de la empresa con las conductas criminales del Estado de Israel y que adopten medidas para evitar que compañías del Estado español participen en proyectos que, según reconocen las resoluciones de la ONU y la UE, violan el derecho internacional. La organización recuerda que otras empresas, como la catalana COMSA y la vasca Sidenor, han abandonado recientemente proyectos similares en la región.
