El lunes tuvo lugar en Donostia (Gipuzkoa) el juicio contra varios residentes de Escalerillas. Estas personas, a quienes no se les ha reconocido hasta ahora la titularidad legal como inquilinos, han sido acusadas de “usurpación” y el Puerto de Pasaia ha iniciado un proceso civil para su desalojo inmediato del bloque de viviendas de Trintxerpe (Gipuzkoa), utilizando un procedimiento calificado de “precario”.
El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria y la defensa de las personas juzgadas el lunes solicitaron la paralización del proceso de desalojo, argumentando que no tiene sentido acusar de usurpación a quienes llevan décadas viviendo en esas casas, pagando alquiler y mantenimiento, y que incluso han tenido relaciones laborales con el Puerto de Pasaia. Por ello, defendieron en el juicio que estas familias se encuentran en una situación de subrogación tácita.
El juez pone en duda si el bloque de viviendas dejó de ser de titularidad pública
La sentencia se conoció el miércoles y, según el sindicato, el juez ha evitado pronunciarse sobre si existe o no una subrogación tácita. En su lugar, ha señalado que “quizá las viviendas de Escalerillas nunca dejaron de ser de dominio público”. El sindicato ha explicado que, de ser así, no cabría la posibilidad de subrogación tácita, ya que esta figura no existe en bienes de dominio público.
No obstante, el sindicato añade que todo el proceso judicial se ha basado en considerar el bloque de viviendas como propiedad “de carácter privado”, aunque sea de una entidad pública (el Puerto de Pasaia). Tanto la autoridad portuaria como el sindicato partían del entendimiento de que el bloque dejó de ser de dominio público para pasar a ser un bien portuario, tal como lo indicó el Ministerio de Fomento en 2006 mediante una orden escrita.
Sin embargo, el juez de Donostia afirma ahora que “no se ha probado que ese cambio llegara a materializarse y se publicara en un acta oficial”. Así, pone en duda que el bloque de viviendas de Trintxerpe haya dejado realmente de ser de dominio público. Ante la falta de pruebas, según el sindicato, el juez establece la “presunción” de que el bloque sería “un bien de dominio público” y, por tanto, “no existe subrogación”; salvo que se demuestre que el proceso de desafectación se realizó efectivamente.
Posibilidad de recurso
El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria ha denunciado que el juez “se ha escudado en un simple formalismo” y que, de este modo, “da por bueno” el procedimiento de desalojo presentado por el Puerto de Pasaia para iniciar el desahucio de los vecinos de Escalerillas. Ahora, el sindicato está analizando “todas las opciones” para presentar recursos.
En cualquier caso, insisten en que siguen apostando por alcanzar una solución negociada con el Puerto de Pasaia, para que “las personas que van a ser expulsadas de sus casas puedan desarrollar su vida con garantías”. El sindicato recuerda que el objetivo del desahucio es construir un proyecto “ajeno a los residentes”, concretamente demoler el bloque de viviendas para construir una vía ferroviaria destinada al transporte de mercancías.
Sin alternativa habitacional
“Seguimos sorprendidos de que haya millones de euros para construir una vía ferroviaria que beneficiará a una empresa privada y, sin embargo, no se contemple la posibilidad de ofrecer indemnizaciones de calidad a todos los vecinos”, denuncia el sindicato. “Al contrario, el Puerto ha preferido ir a los tribunales”.
Nueve familias están amenazadas de desalojo en Escalerillas. A los residentes a quienes no se les ha reconocido la titularidad (los juzgados el lunes) no se les ha ofrecido ninguna alternativa habitacional ni indemnización por parte del Puerto de Pasaia. A quienes sí tienen reconocida la titularidad, solo se les ha propuesto mudarse a otras viviendas actualmente habitadas o recibir indemnizaciones insuficientes. Estos últimos son personas de edad avanzada y, según el sindicato, se les han calculado y ofrecido indemnizaciones en función de su esperanza de vida, de manera “fría y despersonalizada”.
