La Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (PROTEX) y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 han solicitado la declaración indagatoria del sacerdote Mariano Fazio, actual vicario auxiliar y número dos del Opus Dei a nivel mundial, por su presunta participación en una red de trata y explotación laboral de mujeres en Argentina. La acusación, resultado de una investigación de dos años, ya había alcanzado a otros altos cargos de la organización, como los exvicarios regionales Carlos Nannei, Patricio Olmos y Víctor Urrestarazu, así como al exdirector de la rama femenina, Gabriel Dondo.
Según la investigación, al menos 43 mujeres fueron captadas por el Opus Dei cuando eran adolescentes, bajo la promesa de “recibir educación y formación profesional”, y acabaron trabajando durante años como empleadas domésticas sin salario, sometidas a jornadas extenuantes y bajo control psicológico. Muchas de ellas relatan que la organización les impuso un régimen de servidumbre, sin derechos laborales ni posibilidad de descanso, y que incluso debían devolver cualquier remuneración simbólica que recibieran.
El escrito de la fiscalía sostiene que la cúpula del Opus Dei en Argentina diseñó y ejecutó este sistema de explotación durante al menos cuatro décadas. Fazio, que fue vicario regional entre 2010 y 2014, se suma ahora a la lista de imputados tras nuevas pruebas y testimonios recogidos en la causa. Los fiscales remarcan la responsabilidad institucional y la falta de respuesta adecuada ante las consecuencias físicas y psicológicas sufridas por las víctimas.
El caso ha generado alarma en el seno del Opus Dei y en el Vaticano, donde Fazio ocupa un puesto clave y es considerado el principal sucesor del actual prelado, Fernando Ocáriz. La organización religiosa, por su parte, ha negado las acusaciones y ha anunciado “su disposición a colaborar con la justicia”.
La investigación sigue abierta y se espera que la declaración de Fazio y el resto de los acusados arroje más luz sobre el funcionamiento interno y las responsabilidades en la trama de explotación ilegal denunciada.
Una Iglesia dentro de la Iglesia
El Opus Dei es una organización dentro de la Iglesia católica que está presente en muchos países y fue fundada en 1928 por Josemaría Escrivá de Balaguer. Tiene un estatus especial porque tiene su propio líder y está formada tanto por sacerdotes como por figuras no eclesiásticas que trabajan juntos en actividades religiosas y sociales. El Opus Dei tiene bastante autonomía y responde directamente ante el Papa, lo que le da más independencia que otras organizaciones católicas, que suelen depender de los obispos locales.
A lo largo de los años, ha tenido mucha influencia en temas religiosos, educativos, políticos y económicos, sobre todo en el Estado español, donde fue una pieza clave del régimen franquista. También cuenta con implantación en Italia y varios de América Latina.
El Opus Dei sostiene la idea de que “la vida cotidiana y el trabajo común pueden tener un valor espiritual”, es decir, que no es necesario ser sacerdote o monja para vivir la fe católica de manera intensa. Esta visión, que da importancia a la religión en la vida diaria de cualquier persona, ha generado tanto seguidores como críticos y sigue siendo objeto de debate, tanto dentro de la Iglesia católica como en la sociedad en general.
Exmiembros y analistas han denunciado aspectos como el secretismo, el control sobre la vida personal de sus miembros, el proselitismo agresivo, el elitismo, y la discriminación de género y clase dentro de la organización.
Además, se le acusa de buscar influencia política y social a través de la cooptación de personas en posiciones de poder, y de mantener posturas ultraconservadoras en temas sociales. Estas controversias han hecho que, más allá de su mensaje espiritual, el Opus Dei sea percibido por muchos como una organización cerrada y poderosa, con dinámicas internas que han sido comparadas con las de una secta, lo que alimenta el debate tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad en general.
Todas estas controversias han llevado a que el Vaticano, bajo el papado de Francisco, impulsara en 2022 algunas reformas para limitar su autonomía, exigir “mayor transparencia” y someterlo a “una supervisión más estricta” por parte del Dicasterio para el Clero.
