La mayoría de países de la UE rechaza la reforma de fondos regionales propuesta por Von der Leyen

Catorce gobiernos advierten a la Comisión Europea de que “fusionar fondos agrícolas y regionales debilitaría la cohesión y la autonomía de las regiones más pobres”.

Imagen de archivo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.
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Catorce estados miembro de la Unión Europea han remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la que expresan su rechazo a la reforma propuesta para el próximo presupuesto plurianual de la UE, que contempla una reestructuración de casi 400.000 millones de euros en fondos regionales. Según la carta, publicada por el medio Politico, los gobiernos firmantes advierten de que “solo un presupuesto robusto y una metodología de asignación basada en las regiones garantizarán la unidad, la competitividad y la convergencia a largo plazo en la UE”.

La propuesta de la Comisión, que será presentada oficialmente el próximo 16 de julio, plantea fusionar los fondos agrícolas y regionales —que representan cerca de dos tercios del presupuesto comunitario— en un único paquete financiero gestionado por cada país. El Ejecutivo comunitario defiende que este cambio “simplificaría la gestión y permitiría un uso más eficiente de los recursos”. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos firmantes, así como la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tüttő, han alertado de que la medida “podría traducirse en un recorte encubierto y en una pérdida de autonomía para las regiones”, que tradicionalmente han gestionado directamente estos fondos.

Desde la creación de la “política de cohesión” en los años setenta, la mayor parte de los fondos se han asignado directamente desde Bruselas a las regiones con las zonas más empobrecidas. Los firmantes de la carta insisten en que la política de cohesión “debe reflejar los diferentes niveles de desarrollo de las regiones” y temen que la reforma propuesta “otorgue un mayor poder a los gobiernos nacionales en detrimento de las autoridades locales”. La carta ha sido suscrita por Bulgaria, la República Checa, Grecia, el Estado español, Croacia, Hungría, Italia, Lituania, Letonia, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia.