La cancelación del programa CBP One y otras restricciones migratorias implementadas por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han provocado un aumento significativo del tráfico de personas en Tapachula (Chiapas, México) epicentro de la crisis migratoria en el país.
Activistas como Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), alertan ante EFE que los traficantes cobran entre 10.000 y 15.000 dólares por persona para facilitar el cruce hacia la frontera norte, en un contexto de creciente violencia entre cárteles que disputan el control de las rutas migratorias.
Organizaciones civiles advierten que la eliminación de vías legales, como el permiso temporal por razones humanitarias para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, y el cierre de CBP One, ha dejado a más de medio millón de personas varadas en México sin opciones claras para regularizar su situación o continuar su tránsito.
Migrantes relatan que, ante la falta de alternativas, deben recurrir a redes de “coyotes” y enfrentan condiciones laborales precarias mientras esperan una solución. Otros denuncian extorsiones de autoridades y dificultades para obtener documentos, lo que los obliga a sobrevivir en la informalidad.
El endurecimiento de la política migratoria estadounidense ha vuelto a poner en evidencia que el flujo migratorio no se puede detener, y que las políticas que pretenden hacerlo solo fortalecen el negocio ilícito del tráfico de personas, generado nuevos focos de violencia por la competencia entre las mafias que compiten por los mercados migratorios, lo que resulta en una exposición aún mayor a la explotación y la violencia para las personas migrantes, según coinciden activistas, migrantes y reportes de medios mexicanos.
