El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha exigido explicaciones al Estado español sobre las infiltraciones policiales en movimientos independentistas, el espionaje con Pegasus y la aplicación de la ley de amnistía, en el marco del examen sobre derechos civiles y políticos celebrado en Ginebra.
La vicepresidenta del comité, Hélène Tigroudja, ha denunciado que la infiltración de policías sin ninguna garantía judicial es “muy preocupante” y ha subrayado que estas prácticas han sido reconocidas por el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
Tigroudja ha advertido que estas operaciones se realizan fuera del marco legal y ha reclamado a las autoridades españolas que rindan cuentas y garanticen la protección de los derechos fundamentales.
Durante la sesión, la delegación española se limitó a defender que la figura del agente infiltrado “está regulada por la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad”, y justificó la “obtención de información” para “garantizar la seguridad ciudadana” y “los derechos del resto de la población”.
Sin embargo, el comité de la ONU ha insistido en la falta de garantías judiciales y en la ausencia de investigaciones sobre el uso de Pegasus contra una sesentena de políticos y activistas catalanes, así como en el rechazo de los tribunales españoles a investigar las infiltraciones y la pasividad de la fiscalía.
La ONU ha dado de plazo hasta el 14 de julio para que el Estado español responda por escrito a las cuestiones planteadas, en la primera evaluación de derechos civiles y políticos a la que se somete el Estado español en una década. El comité también ha alertado sobre el aumento de delitos de odio y ha cuestionado la falta de reparación a las víctimas del franquismo y las identificaciones policiales por perfil racial.
