El último informe de la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, identifica a decenas de multinacionales de sectores como la tecnología, la construcción, el armamento y el turismo por su papel en la ocupación israelí y la expulsión de la población palestina.
Según el documento, recogido por ElDiario.es, estas empresas no solo han facilitado la economía de la ocupación, sino que, tras el inicio del genocidio de Gaza de octubre de 2023, han acelerado y adaptado su actividad a lo que Albanese califica de “economía del genocidio”. El informe destaca que la complicidad empresarial es apenas “la punta del iceberg” de una estructura global que permite y se beneficia de violaciones graves de derechos humanos.
Entre las compañías señaladas figuran gigantes como Lockheed Martin, Caterpillar, IBM, Microsoft, Google, Amazon, Palantir, Maersk, Hyundai, Volvo, la vasca CAF, Carrefour, Airbnb y Booking, así como bancos internacionales y fondos de inversión como BNP, Barclays, Blackrock y Vanguard.
El documento detalla cómo estas entidades han suministrado tecnología militar, maquinaria para demoliciones, infraestructuras para asentamientos ilegales o incluso servicios de alojamiento y turismo en territorios ocupados recientemente, contribuyendo al desplazamiento forzado y la destrucción de comunidades palestinas. El caso de la empresa ferroviaria vasca CAF, implicada en la expansión del tranvía de Jerusalén que conecta los barrios colonos con nuevos asentamientos en Cisjordania, ha sido especialmente destacado por la relatora y organizaciones de derechos humanos.
“Son lucrativos para muchos”
Albanese insta a la Corte Penal Internacional y a los jueces de cada estado a investigar la complicidad de estas empresas y sus directivos en crímenes internacionales, y pide sanciones, embargos de armas y la suspensión de acuerdos comerciales con el Estado de Israel.
El informe subraya que la ocupación, el asedio y el genocidio de Gaza no solo continúan por razones políticas, sino porque “son lucrativos para muchos”, y reclama “una respuesta diplomática y legal firme” ante uno de los genocidios más documentados de la historia reciente.
