El Gobierno de Pedro Sánchez impulsa la tramitación de una ley para reforzar la “gobernanza democrática” en medios de comunicación y servicios digitales, que incluye la creación de dos nuevos organismos dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): la Dirección de Servicios Digitales y la Dirección de Medios de Comunicación. Para su puesta en marcha, el Ejecutivo destinará un presupuesto cercano a los 420.000 euros, según recoge la memoria del anteproyecto.
Estas direcciones tendrán la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la futura ley, que obligará a medios y plataformas digitales a “registrarse y a transparentar la propiedad, financiación y criterios de recomendación de contenidos”. Además, podrán imponer sanciones económicas que oscilarán entre 150.000 y 600.000 euros, e incluso prohibiciones temporales de operar en el Estado español, en casos de “infracciones muy graves”.
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, será el responsable último de determinar estas sanciones, reforzando así el control gubernamental sobre el sector mediático y digital. Esta iniciativa forma parte del “Plan de Acción por la Democracia” anunciado por Sánchez y busca adaptar la legislación española a las directrices europeas sobre servicios digitales y “libertad” de los medios.
Moncloa defiende que esta regulación “es necesaria para combatir la desinformación, la manipulación informativa y la injerencia extranjera”, así como para “garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información fiable y plural”. Sin embargo, la medida genera dudas sobre su impacto en la libertad de información y de expresión. Además, llega en un contexto político complicado, con el Ejecutivo enfrentando graves escándalos de corrupción y presiones internas para acelerar la aprobación de la norma que podría utilizarse para silenciar a la disidencia política.
