La percepción transversal de que formaciones como EH Bildu y la CUP no ejecutan desahucios queda desmentida por hechos recientes en distintos municipios. A pesar de haber impulsado diferentes acuerdos para “frenar los desahucios de personas vulnerables”, ambas formaciones han protagonizado recientemente graves casos de desahucios en viviendas municipales bajo su gestión, según denuncias de sindicatos de vivienda.
En Iruñea (Nafarroa), el Ayuntamiento gobernado por EH Bildu ejecutó el 21 de abril el desahucio de cinco personas en el barrio de Zabalgunea, según informó el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria. El desalojo se realizó sin orden judicial, lo que el sindicato y los propios afectados recordaron que fue ilegal. Las viviendas, de propiedad municipal, llevaban años vacías y habían sido utilizadas por varias personas. La policía municipal llevó a cabo el desalojo a pesar de las reiteradas advertencias sobre su ilegalidad por parte del sindicato.
En las últimas semanas, varias organizaciones de Nafarroa, entre ellas el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria, Haritu, PAH Berriozar, SOS Racismo Navarra, Salhaketa Nafarroa, el Punto de Información para Personas Migradas y Dar Etxea, han denunciado públicamente la ejecución de dos nuevos desahucios ilegales en el Casco Viejo de Iruñea. Según su comunicado, los desalojos irregulares de Ana Belén y Sadaha se produjeron “sin notificar fecha ni hora a las personas afectadas”, contraviniendo el artículo 438.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, los colectivos alertan de que los Servicios Sociales municipales imponen criterios internos que dificultan o directamente impiden el acompañamiento de las personas afectadas, vulnerando el derecho a la organización y la defensa colectiva.
Los colectivos exigen a juzgados, cuerpos policiales y administraciones municipales que respeten todas las garantías legales en los procedimientos de desahucio y que garanticen el derecho al acompañamiento. “No podemos aceptar estos ataques a nuestros derechos”, han manifestado en rueda de prensa, comprometiéndose a seguir denunciando estas prácticas.
Por lo tanto, EH Bildu, que a nivel estatal ha celebrado acuerdos para “prohibir los desahucios de personas vulnerables”, los ha impulsado de forma directa e ilegal desde gobiernos municipales.
En Girona, el Ayuntamiento liderado por la CUP ha fijado para el 21 de julio el desahucio de Nouama y su familia, residentes en una vivienda municipal desde 2014. El Sindicat d’Habitatge de Girona denuncia que el consistorio ha rechazado todas las demandas de mediación y ha optado por la vía administrativa para acelerar el proceso. Un informe jurídico del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya desmiente las acusaciones infundadas del gobierno local liderado por la Esquerra Independentista y documenta la situación de indefensión de la familia. El Ayuntamiento mantiene la fecha del desahucio pese a las protestas y peticiones de paralización del proceso.
Estos casos evidencian que, pese a los acuerdos estatales y al discurso público de “oposición a los desahucios”, gobiernos municipales de la CUP y EH Bildu han ejecutado o permitido lanzamientos, incluso en situaciones denunciadas como irregulares o ilegales y criminalizando a sectores empobrecidos.
