El Ayuntamiento de Girona ha fijado para el 21 de julio el desahucio de Nouama y su familia de un piso municipal, según denunció el Sindicat d’Habitatge de Girona en rueda de prensa. La organización señala que el consistorio, encabezado por la CUP, ha rechazado todas las demandas de la familia y ha optado por la vía administrativa para agilizar el proceso de expulsión.
El caso se hizo público hace menos de un mes, cuando el Sindicat d’Habitatge de Girona alertó de la situación de Nouama y sus hijas, quienes residen en la vivienda desde 2014. Según la organización, la respuesta de los desahuciadores fue “difundir acusaciones falsas y criminalizar tanto a la familia como al sindicato”, atribuidas a la regidora Amy Sabaly. Entre las acusaciones infundadas de “subarriendo” y “uso fraudulento del padrón”, así como la negación de la residencia efectiva de Nouama en el piso.
El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, al que pertenece la sección gironesa, presentó posteriormente un informe jurídico que desmiente con documentación las acusaciones del consistorio. El informe recoge que la propia asesoría jurídica municipal reconoce la residencia de Nouama y descarta el subarriendo, e indica que el cambio de la naturaleza jurídica del inmueble por parte del Ayuntamiento permitió tramitar el desahucio por vía administrativa. Además, el sindicato advierte que utilizar el empadronamiento como excusa para ejecutar un desahucio representa un ataque gravísimo a los derechos de las personas migrantes.
Tras la publicación del informe, el Ayuntamiento de Girona fijó la fecha y hora del desahucio para el 21 de julio a las 9h. Fàtima Aatar, portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, ha declarado que “el Ayuntamiento liderado por la CUP ha maniobrado para dejar a Nouama en situación de indefensión y ha escogido la vía policial y judicial”.
El sindicato hace un llamamiento a todo el movimiento por la vivienda para detener el desahucio y denuncia que “el caso de Nouama no puede entenderse como una excepción, sino como el resultado de políticas que refuerzan la criminalización y la represión de las familias vulnerables”, según sus portavoces.
