Por primera vez desde 2022, voces tradicionalmente cercanas al presidente ucraniano Volodimir Zelensky y a su agenda han expresado una preocupación abierta ante el rumbo político del país. La alarma se desató tras el registro policial en el domicilio del reconocido activista Vitaliy Shabunin, cofundador del Centro de Acción Anticorrupción, así como por acciones similares contra exministros y opositores, en un contexto marcado por el uso ampliado de la ley marcial hacia antiguos aliados.
Hasta ahora, episodios de represión o presiones sobre la oposición y la sociedad civil eran denunciados sobre todo por sectores opositores, medios independientes o analistas internacionales críticos. Sin embargo, esta vez la reacción parte también de organizaciones, expertos, observadores y sectores sociales que anteriormente han respaldado al Ejecutivo de Kiev en la guerra contra Rusia.
Más de cincuenta agrupaciones cívicas y varios think tanks occidentales han firmado cartas abiertas y manifiestos recogidos por medios como Financial Times, donde advierten sobre una erosión de los equilibrios institucionales y posibles retrocesos en libertades civiles.
El caso de Shabunin ha evidenciado la tensión: tanto el aludido como su entorno consideran que la acusación de fraude y evasión del servicio militar está dirigida a silenciar su activismo contra la corrupción en un momento especialmente sensible para la imagen internacional de Ucrania. Coincidiendo con esto, el Gobierno ha sancionado a figuras políticas de peso, incluido el expresidente Petro Poroshenko, incrementando la sensación de que la ley marcial se emplea no para “proteger la seguridad nacional”, sino también para consolidar el poder y limitar aún más la competencia política.
Algunos analistas y líderes sociales subrayan que la credibilidad interna de Ucrania ante Rusia está ligada a “su compromiso con la transparencia y el Estado de derecho”. Encuestas recientes muestran que un segmento amplio de la población percibe un deterioro de la calidad democrática, señalando a las instituciones, y no solo a la guerra, como responsables principales de esta dinámica. Sin embargo, no parece que preocupar a sus socios de Bruselas y Washington.
