El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno español ha presentado este lunes un plan para introducir sistemas de inteligencia artificial (IA) en diferentes áreas administrativas, desde la gestión de trámites hasta la selección de empleados públicos. El ejecutivo asegura que esta estrategia, dotada con 43 millones de euros, permitirá “agilizar la burocracia, atraer nuevo talento y hacer más accesibles los servicios al conjunto de la ciudadanía”.
Uno de los cambios más significativos será la eliminación de la cita previa en numerosos trámites administrativos, lo que en teoría debería facilitar el acceso a gestiones esenciales. Esta medida requiere modificar la normativa vigente y se apoyará en sistemas de IA que permitan automatizar respuestas, gestionar colas y prellenar formularios, reduciendo tiempos y tareas administrativas.
La digitalización incluye también la creación de “oficinas todo en uno”, donde la población pueda realizar trámites como el empadronamiento en un solo espacio, y la implantación del sistema “SimplexEsp” para ofrecer “formularios administrativos precargados y fáciles de confirmar”, similar al borrador de la declaración de la renta.
El ministro Óscar López ha subrayado que el uso de IA debe ser “ético y seguro”, por lo que se desarrollará una plataforma de inteligencia artificial con 14 millones de euros.
Sin embargo, todo el despliegue de la IA en la administración suscita preocupación entre varios colectivos, ya que medidas como la eliminación de la cita previa —presentada como avance en accesibilidad— pueden acentuar la brecha digital y dejar fuera a segmentos de la población menos familiarizados con herramientas tecnológicas o con dificultades de conexión, como personas mayores, personas migrantes o habitantes de zonas rurales.
Además, expertos y sindicatos advierten que la automatización de trámites puede facilitar la exclusión, automatizar errores y dificultar el acompañamiento personalizado en casos complejos, cuestiones que no se abordan con claridad en la hoja de ruta oficial.
Partiendo de una administración digital problemática
Con esta nueva estrategia, el Gobierno español pretende dar el salto hacia la administración potenciada por inteligencia artificial sin haber resuelto las carencias de la administración digital existente. Aunque en los últimos años se han lanzado planes como la Agenda España Digital 2025 y el despliegue de múltiples portales y sedes electrónicas, la digitalización pública aún presenta profundas desigualdades territoriales, falta de integración entre organismos, plataformas difíciles de usar o que funcionan mal y un acceso desigual que afecta especialmente a personas mayores, sectores rurales o personas con menor capacitación digital. Pero no solo eso, las plataformas lanzadas a veces resultan difíciles de usar incluso para nativos digitales y personas que se manejan bien con las nuevas tecnologías.
Según expertos como Carles Ramió, especialista en gestión pública, la estrategia anterior se centró más en la implantación tecnológica y la automatización interna que en la calidad de la atención, donde predomina un modelo aún más rígido y menos humano que dificulta el acceso a los servicios públicos para quien más los necesita. Ramió incluso advierte que la “obsesión tecnocrática” y la digitalización mal ejecutada han ocultado problemas estructurales más graves por resolver, como la falta de planificación, el envejecimiento de las plantillas y la lentitud en el relevo generacional. Por ello, el especialista anticipa que si el Estado español no resuelve estas cuestiones junto a la digitalización, la administración podría encallarse en pocos años.
Anticipa que el Gobierno español tendrá que abordar una transición a la inteligencia artificial sin haber garantizado antes una administración digital efectiva, y que insistir en la vía tecnológica desacoplando la dimensión social y presencial puede profundizar la brecha y el descontento existente con los servicios públicos.
Si la transición hacia una administración pública basada en IA se realiza de forma apresurada y mal planificada, como ha ocurrido con la digitalización, existe el riesgo de agravar la exclusión de los sectores más vulnerables, automatizar sesgos y generar una administración aún menos comprensible, menos humana y más opaca. Fallos técnicos, sesgos no supervisados, falta de formación del personal y dependencia de proveedores externos podrían traducirse en un entorno aún más desigual, inseguro y desconectado de la inmensa mayoría social. En definitiva, existen indicios para sospechar que la integración de la IA en la función pública podría aumentar la frustración social, desperdiciar recursos y debilitar aún más la confianza en el sector público.
