Más de 100 detenidos en el Reino Unido por mostrar apoyo a la ilegalizada Palestine Action

La nueva oleada de arrestos responde a las protestas contra la ilegalización del grupo, catalogado ahora como “organización terrorista” bajo la ley británica.

Agentes de la Policía Metropolitana de Londres arrestan a una manifestante en las protestas en solidaridad con Palestine Action.
Foto: @DefendourJuries (X)

Al menos cien personas fueron detenidas la semana pasada en distintas ciudades del Reino Unido durante las protestas contra la ilegalización de la organización propalestina Palestine Action. La Policía Metropolitana de Londres confirmó el arresto de 55 personas en Parliament Square, mientras que el resto de detenciones se produjo en movilizaciones convocadas en Manchester, Edimburgo, Bristol y Truro. Los manifestantes exhibieron pancartas y lemas en defensa del colectivo y en rechazo a la represión, bajo el lema: “Me opongo al genocidio, apoyo la Acción Palestina”.

La ronda de detenciones se ampara en la reciente declaración de Palestine Action como “organización terrorista” y la aplicación de la Sección 13 de la Ley de Terrorismo de 2000, que penaliza cualquier muestra pública de apoyo al grupo ilegalizado. El Parlamento británico aprobó la ilegalización tras una serie de acciones directas de activistas de Palestine Action, incluyendo la reciente incursión en una base aérea donde se pintaron aviones militares, hechos que según el Gobierno motivaron daños de más de 8 millones de euros.

En las concentraciones han participado personas de distintos perfiles, desde jóvenes hasta mayores. Varias voces entre los detenidos y sus organizaciones de apoyo denuncian el uso de leyes antiterroristas para acallar la protesta social y la solidaridad con la causa palestina.

La sentencia que permite la prohibición y la persecución de cualquier apoyo al grupo es reciente: hace dos semanas, un juez del Tribunal Superior rechazó el último recurso presentado por Palestine Action para evitar su ilegalización. La medida prevé penas de hasta 14 años de prisión para quienes promuevan, exhiban símbolos o pertenezcan a la organización.

Organizaciones de defensa de derechos humanos y expertos de Naciones Unidas han cuestionado la legalidad y proporcionalidad de esta decisión, argumentando que los hechos imputados al colectivo. Las protestas y los arrestos vuelven a poner sobre la mesa la situación de las libertades políticas en Europa, especialmente en un contexto de protestas contra un genocidio cometido por el principal aliado geopolítico occidente en Oriente Medio.