La Unión Europea avanza hacia una reforma migratoria que prioriza la aceleración de las deportaciones forzosas mediante la creación de centros de detención para personas migrantes rechazadas en países terceros, un modelo inspirado en las políticas implementadas por la administración de Giorgia Meloni en Italia.
En el consejo informal de ministros de Interior celebrado en Copenhague, ya se defendió “la necesidad de acuerdos bilaterales con Estados externos para alojar a los solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular”, con el objetivo declarado de “reducir la presión sobre las fronteras europeas y minimizar los flujos irregulares”. Dinamarca, Austria, Alemania y Grecia, agrupando a gobiernos de extrema derecha, derecha e izquierda, manifestaron su respaldo a esta estrategia, mientras el comisario europeo Magnus Brunner destacó la asignación récord de fondos para migración y control fronterizo.
El ministro danés Kaare Dybvad Bek calificó el sistema actual como “disfuncional” y subrayó que “solo un 25% de los migrantes en situación irregular son devueltos a sus países de origen, lo que afecta la credibilidad institucional y la cohesión social”. Por su parte, el Estado español, a través del ministro Fernando Grande-Marlaska, expresó “serias reticencias políticas, jurídicas y económicas” ante la puesta en marcha de estas instalaciones en terceros países, defendiendo otro enfoque: el fortalecimiento de partenariados con naciones de origen y tránsito para la gestión conjunta, como llevan haciendo con Marruecos desde hace años y como han ratificado recientemente con Mauritania. La delegación española confesó que la reducción del 42% en las llegadas a Canarias en 2025 se debe a esas alianzas multilaterales.
Distintos medios, mismos objetivos
El debate revela las tensiones existentes en la UE entre países que apuestan por una estrategia de externalizción de la gestión migratoria con mecanismos punitivos y territorios de terceros, y otros que priorizan la diplomacia con los países de origen y tránsito para contener a las personas migrantes desde el exterior, pero ambos están de acuerdo en que los quieren fuera.
El modelo italiano liderado por Meloni ha servido como referencia para impulsar un nuevo paradigma que combina una retórica antimigratoria dura con la apertura controlada a la incorporación de “trabajadores legales”, pero ha generado controversia ante la judicialización y las dudas sobre su eficacia social y y naturaleza humanitaria. La reforma europea busca ahora concretar esos principios en reglamentos que aseguren “procedimientos rápidos y flexibles”, conscientes de que el control migratorio seguirá siendo una prioridad en el próximo ciclo presupuestario.
