La República Federal Alemana se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en autorizar oficialmente la incorporación de dos funcionarios enviados por el régimen talibán en las representaciones diplomáticas afganas en Berlín y Bonn. Según ha confirmado el portavoz gubernamental Stefan Kornelius a medios como DW y Euractiv, su función será “apoyar futuros vuelos de deportación” de personas afganas, “principalmente con antecedentes penales”.
La decisión, mediada por Qatar, busca dar continuidad a la política de “ofensiva de repatriación” impulsada por el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, tras la reanudación de deportaciones el país centroasiático el pasado 18 de julio.
El Ejecutivo alemán insiste en que “no se trata de un reconocimiento formal” del régimen que tomó el poder en Afganistán en agosto de 2021, tras la retirada de las tropas occidentales. Los dos representantes talibanes trabajarán sin estatus diplomático oficial, en calidad “técnica” y “consular”, en principio. Frankfurter Allgemeine Zeitung adelantó que ambos habrían trabajado anteriormente bajo el anterior gobierno afgano respaldado por Occidente.
El Gobierno de Merz justifica la medida en “la necesidad de controlar la migración irregular tras varios ataques cometidos por solicitantes de asilo rechazados”. Sin embargo, esta política a ha generado fuertes críticas debido a que los talibanes continúan cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, especialmente contra mujeres, niñas y sectores disidentes. Expertos y organizaciones denuncian que esta fórmula, aunque en teoría “limitada”, otorga legitimidad internacional al régimen fundamentalista.
“Estas deportaciones son inadmisibles si las personas corren riesgo de torturas o tratos inhumanos”, advertía la investigadora Nicole Deitelhoff. Mientras tanto, Alemania lidera dentro de la UE la línea dura hacia las expulsiones a países con una situación tan peligrosa como la de Afganistán o Siria.
