El presidente del grupo parlamentario Los Republicanos en el Senado y ministro del Interior del Gobierno francés, Bruno Retailleau, declaró recientemente que “para ahorrar dinero, se debe limitar la Ayuda Médica de Estado (AME)”, medida que actualmente permite a las personas extranjeras en situación irregular acceder al menos a atención médica gratuita en el Estado francés.
Sus declaraciones se produjeron tan solo un día después de que el primer ministro Gabriel Attal anunciara un impopular plan de recortes del gasto público de 20.000 millones de euros para 2025, intensificando la presión sobre el Elíseo para restringir los derechos fundamentales de la población migrante en situación administrativa irregular.
Según medios franceses como Le Monde y France Info, Retailleau justificó la propuesta de restringir la AME para “combatir el efecto llamada” y “proteger las finanzas del Estado”. El dirigente conservador considera que “Francia no puede seguir asumiendo el coste de una sanidad universal para personas en situación irregular mientras se anuncian recortes para los franceses”.
Retailleau aboga así por transformar la AME en un “dispositivo limitado a urgencias”, endureciendo aún más el acceso a la cobertura sanitaria para personas migrantes, un enfoque que la derecha francesa lleva promoviendo en sucesivas campañas electorales y debates parlamentarios recientes.
La medida ha sido recibida con preocupación por asociaciones médicas y organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre el riesgo sanitario y social que supondría limitar el acceso a la atención básica para miles de personas ya de por sí vulnerables, y advierten del deterioro de la salud pública y el posible colapso de los servicios de urgencias hospitalarias.
El debate sobre la cuestión evidencia una tendencia hacia la fascistización de la vida pública en Europa, con la presión constante de la ultraderecha como ariete para llevar el endurecimiento de la política migratoria a nuevos niveles de deshumanización, en un contexto de rearme donde la sostenibilidad del Estado del Bienestar se utiliza como argumento para justificar recortes a los derechos sociales; primero contra las personas migrantes, posteriormente a la mayoría social.
