“Hacemos política al servicio de las clases populares” repite incesantemente EHBildu en sucesivas declaraciones. Pero, al poner esta declaración de principios en relación a su actividad parlamentaria de los últimos años, podría parecer que este partido se ha decantado por una suerte de despotismo de las clases medias, aderezado con un discurso nacional-popular.
Hagamos un pequeño repaso de algunas de las medidas más dañinas para el conjunto del proletariado y que, cosas de la vida, siempre le han pillado a EHBildu de perfil: en agosto de 2022, se aprueba la reforma del delito de hurto, por la cual, la reiteración de este delito podría conllevar penas de cárcel. Sólo el BNG voto en contra; ERC y UP votaron a favor y tanto EHBildu como las CUP se abstuvieron. En noviembre de 2023 se llevaba al Parlamento Vasco la votación del nuevo reglamento para la RGI, que dotaba a Lanbide de un mayor presupuesto, competencias y mecanismos policiales para perseguir el fraude e introducía nuevas cláusulas que dejaban al proletariado más vulnerable excluido de prestación (obligatoriedad de presentar contrato de alquiler, exclusión de las personas que viven ocupando o en habitaciones…). Pese a las peticiones de colectivos sociales y sindicales, UP votó a favor y EHBildu se abstuvo. Y finalmente, la enmienda propuesta por el PNV para agilizar los desahucios en casos de ocupación, aprobada gracias al “error” de EHBildu la semana pasada.
Alguien podría decir que se trata de excepciones, y que, en comparación con otros partidos políticos, el papel de la cada vez más moderada socialdemocracia radical no ha sido tan regresivo. Sin embargo, se trata de un problema de prioridades: si bajo el concepto popular se priorizan sistemáticamente los intereses de las clases medias nacionales sobre los del proletariado, no estamos ante una excepción sino ante una regla. De la misma forma, si las políticas más básicas en defensa de los derechos políticos y económicos del proletariado se reducen a un discurso radicalizado cuando se está en la oposición, pero se relegan sine die cuando se está en la gestión, se están marcando prioridades. Una comparativa bastaría para verlo: ni la reforma del reglamento de la RGI ni la nueva Ley Educativa Vasca necesitaban de los votos favorables de EHBildu para salir adelante y, sin embargo, en la primera se abstuvo sin mayor revuelo y en la segunda votó en contra e hizo una fuerte campaña. ¿Por qué sucede esto y más aún, qué efectos produce?
Esto sucede porque EHBildu quiere postularse como un buen gestor de gobierno y para ello debe facilitar las medidas necesarias para llevar adelante la ofensiva económica y política contra el proletariado en un contexto de crisis. El problema para este partido es cómo darles paso sin que suponga un coste político; y de momento, en su papel de oposición lo hace con relativa facilidad. Dentro de su marco, toda conquista perdida es un problema de correlación de fuerzas y la solución, por lo tanto, es simple: votarles. Desgraciadamente, en este proceso se pierden derechos, se pierden posiciones políticas y se pierde la batalla cultural. Mientras se consigue una mejor correlación de fuerzas, se ocultan las medias regresivas que allá donde están en posición de gestores han tenido que aplicar; se establece un canon de prioridades, por el cual oponerse a una Ley Educativa es una cuestión de principios, pero, oponerse a la reforma de la RGI hubiera reforzado su imagen de partido de “oposición”; y, en definitiva, se produce y reproduce un sentido común entre su electorado que se sitúa cada vez más cerca del marco reaccionario. Porque digámoslo claro, si EHBildu puede hacernos pasar el mercadeo parlamentario por un “error mecánico” es porque, realmente, a una gran parte de su base electoral le importan bien poco las condiciones materiales del proletariado –más allá de algunas consideraciones morales y paternalistas – y porque están de acuerdo con defender la pequeña propiedad privada y reprimir a todo aquel que la ponga en peligro.
