La socialización de una demanda como la bajada generalizada de los alquileres no conduce inequívocamente a la expansión de la conciencia socialista. Pero sí que permite abonar el terreno para su expansión: demostrando ante el proletariado que la lucha contra el rentismo difícilmente podrá conseguir victorias significativas, ni de mínimos, si no se plantea también como una lucha contra el reformismo.
Así es como debemos interpretar la manifestación del pasado sábado en Barcelona y la correlación de fuerzas que establece. Cientos de miles de personas acudieron a la convocatoria tras la intensa campaña del sindicalismo de vivienda y la centralidad mediática que adquirió la convocatoria, con el protagonismo central del Sindicat de Llogateres. Probablemente, la movilización más grande que ha suscitado el problema de la vivienda en Catalunya hasta hoy, con el mérito de haberse dado en un momento en que la lucha por la vivienda venía de años arrinconada a minorías militantes y sectores concretos del proletariado excluido, presionada por el aumento de la represión y el agotamiento de las tácticas de lucha, a pesar de la persistencia del problema. Un éxito, además, que ha acentuado el debate y la normalización pública de la llamada huelga de alquileres, ni que sea como consigna. De alguna manera, parece que se marca un cambio de dinámica imponiéndose un contrapeso importante al bombardeo mediático reaccionario sobre la inmigración o la ocupación al que veníamos acostumbrados. En estos tiempos, no se deben menospreciar aquellos fenómenos que pueden determinar si los sectores en vías de proletarización se decantan o no hacia lo reaccionario.
Elementos sin duda destacables, pero hay que aparcar toda euforia: a los signos aún incipientes de un posible nuevo ciclo movilizador podemos contrastar la más que probada solvencia de la burguesía inmobiliaria y del estado a la hora de doblegar y asimilar la protesta que genera su negocio, con toda una historia reciente como prueba. En términos generales, el consenso social expresado en las calles sobre la necesidad de bajar los alquileres es inequívoco, pero su sencillez inevitablemente plantea preguntas: ¿Cómo los bajamos? ¿A costa de quién? ¿Qué pasa con los sueldos? Los alquileres deben bajar, pero ¿qué pasa con las hipotecas? Ante la falta de respuestas y orientación clara, el reformismo ya ha salido al paso para ponerlas: “vivienda asequible”. Ya sean los razonables hombres de estado, ya sean los que declaran “el fin del tiempo de la política” como si les fuera ajena, ya sean incluso llamando a la huelga desde el movimiento por la vivienda para imponer tal vivienda asequible. Pero la posición reformista frente al malestar por los precios de la vivienda es, en esencia, la misma que apoyan la totalidad de los partidos del arco parlamentario. Una propuesta que, en su ambigüedad, puede dar a entender muchas cosas, pero que en la práctica tiene un contenido muy claro: ciertas concesiones a la clase media empobrecida, el relanzamiento de un nuevo ciclo constructivo para aumentar la oferta y asegurar nuevas vías de rentabilidad, vivienda de miseria y endurecimiento judicial para el proletariado. Por encima de todo, debe mantenerse el negocio inmobiliario y seguir fluyendo los beneficios extraordinarios en tiempo de crisis, uno de los motores del capitalismo español según el papel dictado históricamente por la burguesía financiera de Bruselas.
Por eso, en estas movilizaciones los comunistas oponemos a la declaración envenenada de la vivienda asequible, la agitación por una vivienda gratuita, universal y de calidad. Y ésta la acompañamos enunciando la necesidad de una alternativa socialista de los trabajadores capaz de imponerse en la lucha por el poder político. Al mismo tiempo, nuestra posición representa hoy una parte innegable de las organizaciones que conforman la lucha por la vivienda: tenemos la oportunidad de la propaganda de los hechos, demostrando sobre el terreno la efectividad de nuestras tácticas y la racionalidad de nuestros argumentos, tanto ante el resto sectores del sindicalismo de vivienda y de la clase movilizados. Desmontando, en la práctica, cualquier acusación de maximalismo de quienes, de manera interesada, quieren confrontar la claridad política con la eficiencia en la defensa de las condiciones de vida de los trabajadores. En esta línea ha trabajado y seguirá trabajando el Movimiento Socialista y sus organizaciones en Madrid el 13 de octubre, en Catalunya el 23 de noviembre o en Euskal Herria ayer y el 14 de diciembre.
Hay que tomar bien el pulso a la situación: a diferencia de la etapa que siguió a la crisis hipotecaria de 2008, hoy existen capas significativas de la clase trabajadora movilizada que ya han visto como el reformismo de la izquierda electoral fracasaba, como su prometedora retórica se quedaba en mero reparto de sillas y cuotas de representación, demostrándose ineficaz, cuando no cómplice de la ofensiva capitalista a los salarios y derechos políticos. Y estos sectores, moviéndose entre el resentimiento y la falta de referencias políticas, no van a volver despilfarrar sus energías sociales en esa vía . Con ellos debemos tomar posiciones y estar dispuestos a dar la batalla.
