El Tribunal Supremo ha tomado las riendas del caso Ábalos, sumando a la investigación a Víctor de Aldama y Koldo García, dos figuras clave de la presunta trama de corrupción que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez. Con esta decisión, la Sala de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, se queda con el núcleo central del procedimiento, y ha previsto una ronda intensiva de declaraciones antes de Navidad, que marcará un nuevo desafío para la estabilidad del Ejecutivo de Sánchez.
El exministro José Luis Ábalos inaugurará el calendario judicial el 12 de diciembre. Le seguirán, los días 16 y 17, Aldama y García, cuyas declaraciones podrían arrojar luz sobre pagos irregulares que, según Aldama, implicarían a otros miembros del Gobierno. Además, se espera que el Supremo pida al empresario que ratifique sus las afirmaciones vertidas en la Audiencia Nacional. Ábalos, protegido por su condición privilegiada de aforado, deberá decidir entre colaborar o defender su inocencia negando las acusaciones de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.
El proceso se complica para el entorno de Sánchez. El mismo mes, el juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez, esposa del presidente, en relación con supuestas irregularidades en la gestión de un software desarrollado para su cátedra. Además, otra asesora de Moncloa será interrogada por presunto uso indebido de recursos públicos para fines privados. Estos casos, junto a la causa por revelación de secretos vinculada al entorno de Isabel Díaz Ayuso, han intensificado el escrutinio judicial sobre el Ejecutivo.
Anticorrupción refuerza la acusación
La Fiscalía Anticorrupción, liderada por Alejandro Luzón se encargará de dirigir la acusación en el caso Ábalos. Luzón, fiscal jefe desde 2017, ha supervisado el expediente desde la Audiencia Nacional y ahora toma el timón directamente en el Supremo. La Fiscalía atribuye al exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana haber recibido beneficios económicos a cambio de adjudicaciones irregulares, incluyendo contratos relacionados con el rescate de Air Europa.
El proceso sigue generando tensiones dentro del Ministerio Público, especialmente por la participación de Ángeles Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general Álvaro García Ortiz, en otro caso que afecta a Moncloa. Entretanto, mensajes interceptados en el sumario aluden al presidente Pedro Sánchez como “el uno”, alimentando especulaciones sobre su posible implicación en la trama.
