El grupo de investigación Observatori DESCA publicó un nuevo estudio el pasado 10 de diciembre, en el que se ha analizado la moratoria contra los desahucios vigente en el Estado español y su prórroga. El informe ha contado con datos de diez comunidades autónomas para evaluar el impacto de la moratoria. Entre 2021 y 2023, esta medida podría haberse aplicado en 100.021 casos para retrasar esos desahucios, pero unicamente se implementó en 24.659. Por lo tanto, solo una cuarta parte de los casos en los que podría haberse utilizado la moratoria legalmente recurrieron a ella.
Esta confirmación respalda el estudio presentado por el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria (EHESS) en febrero en Iruñea (Nafarroa), titulado “Lo que esconde la moratoria contra los desahucios”. El sindicato, que analizó los datos de la zona sur de Euskal Herria, tenía como objetivo medir el impacto de la prórroga de la moratoria. En los datos recopilados, destacó que en el 70% de los casos en los que se podría haber aplicado la moratoria, esta no se utilizó, y todos esos desahucios se llevaron a cabo.
Ambos estudios muestran las limitaciones de la moratoria de la que el Gobierno español ha presumido públicamente. En teoría, la medida se aplica para “proteger a las personas en situación de vulnerabilidad”, pero no se aplica ni en la mayoría de los casos en los que podría haberse implementado, se desestima. Además, como ha señalado el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herira, la moratoria solo retrasa el desahucio, pero no lo suspende definitivamente. De esta manera, los desahucios que se habían pospuesto desde 2020 mediante la moratoria están acumulándose, y se espera que se lleven a cabo en cuanto la medida se anule.
El Gobierno español ha ampliado la medida de la moratoria diez veces, pero parece que pronto podría revertirla. El decreto 11/2020, que el Gobierno ha denominado “escudo social”, tenía como objetivo proteger a las personas inscritas en servicios sociales que pudieran demostrar vulnerabilidad social o económica. Sin embargo, para justificar esa vulnerabilidad, es necesario demostrar una “pérdida de ingresos significativa”, y muchos tribunales han utilizado este requisito para rechazar la moratoria contra muchos desahucios. Según el Observatori DESCA, numerosos jueces han argumentado que muchos de los solicitantes de la moratoria ya se encontraban en una situación precaria antes de la pandemia.
