El Gobierno español prepara una nueva ley de asilo más restrictiva para alinearse con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado recientemente por Bruselas. Según un documento oficial al que ha tenido acceso El País, la reforma reemplazará la ley vigente de 2009, que no cumple con las directivas comunitarias ni cuenta con un reglamento que precise su aplicación. Entre las modificaciones destaca la reducción de los tiempos de resolución: hasta 12 semanas para solicitudes en frontera y seis meses para las tramitadas dentro del territorio. Además, se implementará un procedimiento paralelo de retorno para agilizar las expulsiones de quienes vean denegada su petición. Mauricio Valiente, director de CEAR, sostiene en El País que este enfoque “parece diseñado para deshacerse lo más rápido posible de las personas rechazadas”.
Otra medida polémica es el refuerzo del concepto de “país seguro”, lo que podría derivar en el rechazo automático de solicitudes de ciudadanos procedentes de países considerados seguros, como Marruecos o Colombia, sin un análisis individualizado. Natalia Slepoy, de Red Acoge, ha criticado que el enfoque de derechos humanos brilla por su ausencia, señalando que la normativa disuadirá a futuros solicitantes. En declaraciones a El País, Slepoy subraya que el texto “confirma los temores de que el sistema de asilo en el Estado español, como en Europa, será cada vez más restrictivo”. Las organizaciones humanitarias denuncian también la falta de participación en el proceso de redacción de la ley, lo que alimenta incertidumbre sobre su implementación.
La aplicación del pacto migratorio requerirá más recursos en personal policial, intérpretes y financiación, aunque estos aspectos aún no han sido concretados. El Ministerio del Interior, que lidera el proyecto, defiende que “no retrocede en garantías jurídicas ni derechos”, pero las organizaciones alertan de un cambio de paradigma. El debate parlamentario será complejo en un Congreso polarizado, donde los consensos migratorios resultan difíciles. Con la nueva normativa, el Estado español se alinea con la tendencia general de la Unión Europea hacia políticas más restrictivas, un cambio que preocupa a los defensores de derechos humanos y migrantes.
