El Consejo de Ministros del Gobierno español ha aprobado este lunes dos reales decretos-ley que incluyen la revalorización de las pensiones para 2025 y la última parte de la reforma del sistema público de pensiones. Según lo anunciado por el presidente Pedro Sánchez, las pensiones contributivas se incrementarán un 2,8%, lo que se traduce en unos 600 euros anuales más para aquellos con pensiones medias de jubilación.
Las pensiones mínimas y el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez subirán alrededor de un 6%, mientras que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital experimentarán un aumento del 9%. Estos ajustes buscan “garantizar que los pensionistas mantengan o incluso mejoren su poder adquisitivo”, con un gasto total de 7.166 millones de euros para 2025, según detalló el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, este coste no está completamente cubierto por las nuevas medidas de ingresos, que alcanzan los 5.799 millones, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Las pensiones contributivas, que se ajustarán según el IPC entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, implicarán unos 600 euros más al año para los pensionistas con una prestación media de jubilación. Además, se suben las pensiones mínimas y el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez en torno al 6%, y las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital en un 9%. Sin embargo, aunque la fórmula de revalorización basada en el IPC asegura cierto mantenimiento del poder adquisitivo para un determinado sector de la población y fideliza a los votantes de edad avanzada, no resuelve el creciente déficit en las cuentas del sistema, ya que los gastos superan los ingresos previstos.
El decreto también introduce incrementos en las cotizaciones sociales, con una subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) al 0,8% para 2025, que afectará tanto a empleadores como a trabajadores. Además, incluye una medida regresiva en toda regla: la pensión máxima se elevará un 2,9% hasta alcanzar los 3.267,60 euros mensuales, y la base máxima de cotización subirá por encima de la inflación. Estos cambios se inscriben en la reforma del sistema de pensiones iniciada en 2021, cuya última parte también fue aprobada en el mismo Consejo de Ministros. En paralelo, se introducen modificaciones en la “jubilación activa y parcial”, con el objetivo de retrasar la edad de jubilación. Las críticas a su implementación persisten, especialmente entre los sectores que consideran que no abordan adecuadamente la precarización de los trabajadores.
