La crisis de la vivienda en el Estado español está profundizando la desigualdad intergeneracional y polarizando aún más el acceso a la propiedad y el alquiler. Según un análisis de la consultora JLL recogido por el diario El Mundo, mientras que en los años 80 bastaban tres años de sueldo para comprar una vivienda, hoy se requieren hasta ocho años de ingresos brutos. Para las nuevas generaciones, en cambio, ni el alquiler ni la compra son asequibles.
El estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 marcó un antes y un después en ese sentido, ya que las viviendas adquiridas antes de esa fecha generaron plusvalías, mientras que las posteriores generaciones apenas tienen opciones de acceso al mercado residencial. Si a eso se le añade la falta de vivienda social, que tan solo representa el 2,5% del parque de vivienda en el Estado español, el resultado es un problema agravado de la vivienda, que afecta especialmente a los hogares jóvenes, cuya representación ha caído del 15% en 2008 a menos del 6% en 2022.
El Banco de España advierte que el encarecimiento de la vivienda no solo limita el ahorro de este segmento poblacional, sino que también frena su acumulación de riqueza a lo largo del tiempo, perpetuando una situación de precariedad. Según el informe de EAE Business School, mientras en 1993 se necesitaban 2,6 años de salario para ahorrar el 20% de entrada de una casa, hoy se requieren 3,6 años, retrasando o directamente impidiendo el acceso a la vivienda en propiedad. Expertos alertan de que esta desigualdad se está enquistando y que podría derivar en consecuencias más graves a largo plazo, como una caída pronunciada de la natalidad y una fractura social más profunda.
Muestra de ello es la situación económica de los jóvenes en el Estado español, que se ha deteriorado en los últimos 20 años, afectando negativamente su calidad de vida y sus perspectivas de futuro. El Banco de España advierte que los ingresos por hogar de los menores de 35 años han experimentado una caída del 20%, en contraste con el aumento de los ingresos de las personas mayores de 75 años, que han visto crecer su renta en un 41%. Esta brecha entre generaciones se debe en parte a la concentración de riqueza en la propiedad inmobiliaria, ya que los mayores han aumentado significativamente sus ingresos por alquileres, mientras que los jóvenes han visto reducidos sus ingresos del capital en un 23%.
En 2002, el 66% de los hogares encabezados por personas menores de 35 años eran propietarios de su vivienda. Sin embargo, en 2022 esa cifra cayó drásticamente al 32%, lo que refleja un acceso cada vez más limitado al mercado inmobiliario. Esta falta de propiedad ha forzado a casi el 86% de los menores de 34 años a vivir con sus padres, una cifra 18 puntos por encima de la media europea y que se ha duplicado en solo 9 años. La crisis de la vivienda también se refleja en la reducción de la deuda de los jóvenes para la compra de viviendas, que pasó del 40% al 6% de la deuda total en los últimos 20 años.
Además de estos obstáculos, los jóvenes enfrentan menores bases de cotización, lo que se traduce en salarios más bajos y un acceso más tardío a los niveles salariales de generaciones anteriores. En resumen, la juventud del Estado español vive una situación económica desfavorable marcada por menores oportunidades laborales, dificultades para acceder a la vivienda y una creciente desigualdad frente a las generaciones más mayores.
Según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, una fracción pudiente de los jubilados ha visto aumentar su riqueza, especialmente a través de rentas del capital provenientes de propiedades inmobiliarias. Mientras tanto, los jóvenes enfrentan una reducción de sus ingresos y una gran dificultad para acceder a la vivienda. En 2022, los hogares encabezados por personas de 65 a 74 años recibieron 15 veces más ingresos del capital que los hogares jóvenes, cuyos ingresos se redujeron en los últimos años. Esta brecha generacional se amplifica por el aumento de los precios inmobiliarios, lo que ha dejado a las nuevas generaciones atrapadas en un mercado de alquiler con disparados y sin posibilidades de comprar una vivienda en propiedad debido a la falta de ahorro que genera el mercado del alquiler.
