El 3 de diciembre de 2024, el Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó un incremento sustancial en las subvenciones destinadas a las organizaciones sindicales, que ascenderán a 32 millones de euros en 2025, casi el doble de los 17 millones de euros presupuestados en los tres años anteriores. Esta decisión tiene como base la representatividad sindical, medida a través del número de delegados en los centros de trabajo. La asignación tiene como objetivo financiar a los sindicatos, que también plantea interrogantes sobre su distribución y uso.
En 2023, la distribución de los 17 millones de euros estuvo dominada por los sindicatos más grandes. CCOO y UGT recibieron los montos más elevados, con 5,28 millones de euros y 4,7 millones de euros, respectivamente. Los sindicatos más pequeños, como USO, CSIF, ELA y CGT, recibieron sumas inferiores, lo que refleja la concentración de los fondos en las organizaciones con mayor representatividad.
El incremento a 32 millones de euros ha generado un debate sobre la transparencia y la eficiencia del uso de estas ayudas públicas. Mientras que algunos defienden el refuerzo de la financiación para los sindicatos más representativos, otros cuestionan si este sistema perpetúa una concentración de recursos en las grandes centrales sindicales y limita el espacio para una competencia más equitativa entre organizaciones más pequeñas. Sin embargo, otros sectores niegan la mayor y cuestionan la financiación pública de los sindicatos en sí misma, tanto por la derecha como por la izquierda.
Además, la reciente condena de la antigua cúpula de UGT Andalucía por un fraude de 40,6 millones de euros empañan medidas de este tipo. Cinco ex altos cargos del sindicato, incluyendo al ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, fueron condenados por desviar fondos públicos destinados a cursos de formación. Los fondos, que deberían haberse utilizado para programas de empleo y formación, fueron redirigidos a gastos internos del sindicato. Además, los implicados utilizaron técnicas fraudulentas como la manipulación de facturas y el ocultamiento de descuentos pactados con proveedores, lo que permitió que los recursos se desviasen para fines ajenos a los “objetivos sociales”.
El fraude descubierto en UGT Andalucía se suma a otros casos de corrupción que han afectado a diversas entidades, lo que genera desconfianza entre la población respecto al manejo de los recursos públicos. A pesar de ello, la política gubernamental sigue apostando por un aumento de las subvenciones a los sindicatos, sin que se hayan adoptado medidas claras para evitar la repetición de estos fraudes.
