A partir de enero de 2025, el nuevo índice de referencia aprobado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) español “limitará” las actualizaciones de los alquileres, en un 2,20% y solo para los contratos firmados desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo de 2023. Esta medida, que supuestamente tiene como objetivo “contener los aumentos desmesurados de los precios de los alquileres”, se calcula a partir de una combinación del IPC, el IPC subyacente y un coeficiente moderador propuesto por el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, el valor del 2,20% ha sido criticado por su moderación, ya que, en el contexto de una inflación persistente, será insuficiente para frenar el creciente desajuste entre los ingresos de los inquilinos y los precios de los alquileres.
Por otro lado, los contratos de alquiler firmados antes de mayo de 2023 seguirán actualizando sus rentas según los términos acordados, ya sea en función del IPC o del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), con un límite del 2%. Esta excepción para los contratos anteriores deja fuera de la cobertura del nuevo índice una parte significativa del mercado, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia global de la medida para contener la inflación en los alquileres.
El Gobierno español ha tomado esta decisión en el marco de de la crisis inflacionaria, con el supuesto objetivo de “proteger a los inquilinos de subidas excesivas”. Sin embargo, las medidas continúan siendo vistas por varios sectores críticos como un parche que no aborda los problemas estructurales del mercado de alquiler, como la imposibilidad de grandes sectores sociales a la vivienda y el creciente poder de los grandes inversores inmobiliarios. Sin soluciones de fondo, el futuro de la vivienda en muchas ciudades sigue siendo incierto, especialmente en las más grandes y turísticas.
