Hace 48 años, un comando de pistoleros de extrema derecha irrumpió en el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha 55 (Madrid), y abrió fuego contra los allí presentes. Cinco abogados vinculados al Partido Comunista de España (PCE) y a Comisiones Obreras (CCOO) murieron en el acto: Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal. Además, hirieron gravemente a Miguel Sarabia Gil, Alejando Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz.
La matanza provocó una movilización histórica de la clase trabajadora, donde el PCE trato en todo momento de contener la rabia que despertó el atentado entre sus seguidores y el movimiento obrero. Desde entonces, los acontecimientos pasaron a denominarse como “la semana trágica” o “semana negra de Madrid”.
Los perpetradores fueron identificados como miembros de la organización ultraderechista Fuerza Nueva. Condenaron como autores materiales a José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá y al falangista Francisco Albadalejo. Sin embargo, el diario italiano Il Messaggero publicó en 1984 que neofascistas italianos habían participado en la matanza. Esto fue ratificado en 1990, cuando un informe oficial italiano relató que el neofascista Carlo Cicuttini, miembro de la trama clandestina anticomunista dirigida por la CIA, Gladio, había participado en la matanza. Cicuttini había escapado al Estado español, donde adquirió la nacionalidad española, después de un atentado perpetrado en Italia en 1972.
Estos sucesos agrietan la imagen de la “transición modélica” que tratan de ofrecer las instituciones del Estado. El entonces ministro de interior y por tanto responsable directo de las acciones violentas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Rodolfo Martín Villa, continúa siendo protegido por el Estado español, impidiendo a la justicia argentina su extradicion para ser juzgado. Además, el Congreso de los Diputados le concedió una medalla en 2018, como reconocimiento de su trayectoria política. Además de toda la represión política que ha quedado encubierta o semiencubierta, la arquitectura jurídica del Estado español dice mucho sobre la transición: desde la reforma política de 1977, continúan plenamente vigentes 265 normas preconstitucionales. De éstas, 169 fueron aprobadas en plena dictadura, 66 de ellas siguen sin ser modificadas y 43 siguen firmadas de puño y letra de Francisco Franco.
