El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revivido su promesa de campaña de deportar a los 11 millones de personas indocumentadas que viven en el país. Durante su discurso inaugural, afirmó que “comenzará el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron” y calificó la frontera como su “prioridad número uno”. Sin embargo, expertos y organizaciones como el American Immigration Council advierten que esta operación monumental enfrentaría “costos exorbitantes”, de hasta un billón de dólares, y barreras legales que dificultarían su implementación.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ya operan al límite de su capacidad. De hecho, en el año fiscal 2024, ICE deportó a 271.484 personas, la cifra más alta en una década, pero lejos de las metas planteadas por Trump, que implicarían deportar entre 1 y 2 millones de personas al año. “Es irreal, dado el nivel de recursos actuales”, señala Doris Meissner, del Migration Policy Institute en Financial Times. Además, la infraestructura de detención sería insuficiente; ICE necesitaría construir 216 centros adicionales al año, según el AIC.
A nivel legal, el plan enfrenta desafíos por la saturación de los tribunales de inmigración, que acumulan más de 3.6 millones de casos pendientes. Trump ha intentado acelerar el proceso mediante la expansión de “remociones aceleradas”, pero esto ha sido criticado como una violación al debido proceso, según la ACLU. Paralelamente, las “ciudades santuario” y gobiernos extranjeros, como Colombia, han mostrado algunas reticencias al plan, pero posteriormente han aceptado la oferta de la Casa Blanca. Aunque Trump insiste en que su administración hará “lo que pueda con los recursos disponibles”, expertos y exfuncionarios califican la propuesta como “inviable en términos prácticos y jurídicos”.
