El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que desde 2004 se usa como referencia para calcular la cuantía de subsidios y ayudas sociales en el Estado español, permanece prácticamente congelado, generando una brecha creciente con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Mientras que el SMI ha aumentado un 56% desde 2018, el IPREM solo ha subido un 11,5%, lo que ha reducido el poder adquisitivo de quienes dependen de estas prestaciones. Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el subsidio por desempleo en 2025 se mantiene en 480 euros, cuando, de haber seguido vinculado al 75% del SMI, alcanzaría los 888 euros.
Esta situación afecta especialmente a los trabajadores desempleados de más de 52 años, que representan el 63% de los beneficiarios de subsidios. “El Gobierno prioriza la subida del SMI mientras mantiene el IPREM en niveles de subsistencia”, advierten fuentes del sector consultadas por elEconomista.es. El índice, al estar regulado en los Presupuestos Generales del Estado, no está sujeto a la negociación con sindicatos y patronal, lo que permite ajustes más discrecionales. Como resultado, mientras el SMI solo se ha congelado dos veces desde 2004, el IPREM ha permanecido invariable en once ocasiones, incluyendo la prevista para 2025.
A pesar de que CCOO ha pedido elevar el IPREM sin presionar en ningún momento al Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo ha centrado sus esfuerzos en nuevas subidas del SMI y en la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que “dignificar los salarios es una prioridad”, pero su propuesta de subir el IPREM en un 5% quedó fuera de las negociaciones presupuestarias. Mientras tanto, los beneficiarios de subsidios seguirán percibiendo una cantidad muy inferior a la evolución del salario mínimo, lo que, en la práctica, supone una pérdida acumulada de más de 400 euros mensuales en ayudas desde la creación del IPREM.
