El Gobierno español y Junts siguen negociando el traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya, un acuerdo que se acordó en enero de 2024 pero aún no se ha concretado. Según la ministra Pilar Alegría, el pacto está “bastante avanzado”, aunque sin detalles específicos sobre su contenido. Este acuerdo podría ser clave para desbloquear la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025.
El principal punto de conflicto entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Junts es el control de las fronteras, especialmente en cuanto a la gestión de los Mossos d’Esquadra en lugares como el aeropuerto de El Prat. Junts exige mayores competencias, incluyendo la capacidad de expulsar inmigrantes y gestionar permisos de residencia, algo que Moncloa no está dispuesta a conceder fácilmente.
Desde una perspectiva constitucional, la inmigración está reservada a Madrid, lo que ha generado dudas sobre la legalidad de la delegación de competencias en este ámbito. Aunque el artículo 150 de la Constitución permite ciertas delegaciones, expertos en Derecho Constitucional español advierten que c”ualquier intento de traspaso podría ser impugnado ante el Tribunal Constitucional”, como ya ocurrió con el Estatut en 2010.
