Miles de familias en el Estado español enfrentan la devolución de cuantiosas sumas de dinero tras recibir ayudas sociales que, según la Administración, “fueron mal calculadas”. El diario El Mundo recoge el caso de Marta P., madre de dos hijos: tras recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) de forma automática desde 2020, la Seguridad Social le exige ahora la devolución de 12.300 euros correspondientes a los primeros dos años de cobro. Según explica, la propia Administración otorgó la ayuda basándose en datos fiscales previos, sin que ella solicitara dicha prestación. La situación no es aislada: ONGs como ATD Cuarto Mundo estiman que hasta 150.000 unidades familiares podrían estar en una situación similar, con deudas que oscilan entre los 3.000 y 20.000 euros.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha recibido un número récord de quejas por este motivo y ha solicitado al Gobierno español una reforma del artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social, que obliga a reclamar estas deudas incluso cuando los errores proceden de la propia Administración. Gabilondo argumenta que estas exigencias afectan a familias sin recursos que ya se encontraban en situaciones de extrema necesidad, dificultando aún más su estabilidad económica. La propuesta busca eximir de la devolución a los beneficiarios “más vulnerables” cuando los errores sean responsabilidad del Estado.
La ayuda no sólo no llega a la mayoría de sus potenciales beneficiarios, sino que las devoluciones forzadas agravan la situación de quienes sí la reciben. En octubre de 2024, un tribunal en La Rioja falló a favor de un beneficiario, eximiéndolo de devolver 4.500 euros por considerar que la exigencia vulneraba derechos humanos, abriendo la puerta a futuras resoluciones similares.
