El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, ha propuesto la creación de un “banco de rearme” para financiar las capacidades militares de la Unión Europea (UE), un plan que podría incluir una combinación de fondos estatales, recursos de la UE y la emisión de deuda colectiva. En una entrevista con Euronews, Sikorski explicó que “la propuesta busca cubrir las necesidades de defensa de la UE”, que según estimaciones, “requieren” una inversión adicional de 500.000 millones de euros en la próxima década, especialmente por las tensiones con Rusia. Sikorski subrayó que “la defensa es realmente cara” y que “si no se gasta dinero de verdad, no se hará”, por lo que propune explorar diversas fuentes de financiación, incluyendo un modelo similar al del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), aunque con un enfoque militarista.
El ministro detalló que “una posible opción sería crear una institución que permita a los Estados miembros de la UE y a otros países aliados, como Reino Unido, Japón o Noruega, participar de forma voluntaria”. Esta propuesta, que aún está lejos de contar con el consenso necesario, también incluiría el uso de fondos no gastados de la UE y un aumento de las contribuciones de los países miembros. Sin embargo, algunos Estados como Alemania y Países Bajos han expresado sus reservas a la idea de emitir deuda colectiva, lo que podría generar tensiones dentro del bloque comunitario. Sikorski también mencionó la posibilidad de aprovechar los activos congelados de Rusia, valorados en 210.000 millones de euros, para financiar el rearme, aunque esta opción aún se enfrenta a obstáculos legales debido a la protección internacional de los activos soberanos de Rusia.
La iniciativa ha generado un debate amplio, especialmente entre los países que, como Polonia y los Estados bálticos, están presionando para que la UE tome medidas más arriesgadas frente a Rusia. Sin embargo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han mostrado reservas respecto a la confiscación de los activos rusos, advirtiendo sobre “las implicaciones jurídicas y los posibles efectos negativos sobre la credibilidad de la UE”. La cuestión sigue siendo delicada, ya que la confiscación de activos soberanos podría socavar principios fundamentales del derecho internacional.
