Madrid tendrá que destinar 24.185 millones de euros al gasto militar este año para cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión Europea y la OTAN, una cifra que supera la destinada al pago de prestaciones por desempleo en 2023. Este incremento presupuestario busca alinear al Estado español con el objetivo de la Alianza Atlántica de destinar el 2% del PIB a defensa, lo que supone un aumento de 10.600 millones respecto al gasto actual oficial del 1,28%. Para ello, el Gobierno de Pedro Sánchez necesita aprobar los nuevos Presupuestos, una tarea que recae en la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien debe reunir el apoyo parlamentario necesario.
Pese a la presión de la OTAN y de líderes como el secretario general Mark Rutte, el Ejecutivo español ha comunicado que no alcanzará el 2% antes de 2029. “España ha incrementado el gasto en defensa en un 70% en la última década, siendo el tercer país aliado que más lo ha incrementado”, afirman fuentes del Gobierno. Sin embargo, esta postura no satisface a Estados Unidos, donde Donald Trump ha exigido un gasto del 5% del PIB y ha señalado al Estado español como uno de los países con menor inversión militar. Rutte, alineado con Washington, ha instado a los países europeos a aumentar su presupuesto militar hasta el 3% del PIB, advirtiendo que “no hay tiempo que perder” para reactivar la industria armamentística.
Además del aumento en defensa, Moncloa propone desarrollar una fiscalidad comunitaria para financiar estos gastos. En un documento enviado a Bruselas, Moncloa sugiere la implantación de “impuestos medioambientales progresivos” y la armonización de tributos como el impuesto a las Grandes Fortunas o la tributación sobre las ganancias de capital. Estas medidas buscan no solo cumplir con los compromisos internacionales, sino también fortalecer el complejo militar-industrial europeo mediante “adquisiciones conjuntas de material de defensa” y una mayor coordinación fiscal en la Unión Europea.
