El precio de la vivienda en el Estado español es impagable para proporciones cada vez mayores de la población. Según los últimos datos, la vivienda es en estos momentos más cara que nunca, con el precio medio de 2024 superando los años de la última burbuja inmobiliaria: supera incluso los picos de 2007, según corroboran las cifras del Colegio de Registradores.
Sin embargo, la diferencia respecto a la crisis de 2008 es significativa: esta vez no se trata de una burbuja de crédito, no hay un sobreendeudamiento de familias y bancos, sino de una escalada de precios descontrolada que está generando “un desequilibrio entre oferta y demanda”, como dicen los economistas liberales. Sin embargo, más que un problema de oferta, lo que existe es un problema de acceso: en realidad hay suficientes viviendas construidas para cubrir la demanda, pero están concentradas en pocas manos, ya sea en fondos de inversión, grandes tenedores y rentistas multipropietarios, o simplemente vacías por estrategias especulativas.
Esto se traduce a que cada vez menos personas de la clase trabajadora tienen acceso a la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler. “Cuanta más participación y más demanda presionando la oferta, la vivienda más se encarece”, asegura María Matos, directora de Estudios de Fotocasa en Business Insider. Si a esto se le suma la posible relajación de los criterios de concesión de hipotecas por parte de los bancos, la subida de los precios se podría acelerar aún más.
Sin embargo, más allá de los indicadores económicos nominales, el problema radica en el impacto social de esta situación. Mientras la vivienda se convierte en un bien inalcanzable para cada vez más personas, aumenta la preocupación y el descontento al respecto entre los afectados, que son un grupo social a tener en cuenta: según datos del Ministerio de Derechos Sociales, el 29,5% de las familias del Estado español padecía exclusión residencial en 2023. Esto representaba nada más y nada menos que unos 5,6 millones de hogares y una media de 14 millones de personas con problemas graves para acceder a una vivienda.
Algunos economistas advierten que si los salarios no crecen al mismo ritmo que la vivienda, y todo indica que tal ritmo de crecimiento salarial es imposible en el Estado español, llegará un punto en el que la gente simplemente no podrá pagar. La clave de que la problemática se acelere está en la política monetaria: ¿los bancos seguirán endureciendo los requisitos hipotecario? ¿O empezarán a facilitar crédito en un entorno de tipos de interés a la baja? Los expertos creen que si persiste el problema de acceso a la vivienda y los bancos abren el grifo del crédito, podría verse otro estallido en el mercado inmobiliario. Pero este estallido sería diferente: no con una crisis financiera, sino con un estallido social.
