La vicepresidenta de la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE), Elena Massot, ha propuesto que los nuevos edificios que combinen viviendas de mercado libre y de protección oficial cuenten con dos accesos diferenciados. En un acto organizado por el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, Massot argumentó que esta medida permitiría que “todo el mundo pueda convivir incluso en condiciones económicas más razonables” y “ayudaría a aliviar los costes de comunidad para las familias con menor poder adquisitivo”. La propuesta surge en el contexto del debate sobre la normativa municipal que obliga a destinar el 30% de los nuevos desarrollos inmobiliarios a vivienda protegida, una medida en vigor desde 2018 y actualmente en revisión.
La propuesta ha generado críticas al recordar experiencias similares en otras ciudades. En Nueva York, la creación de accesos separados, conocida como poor door (“puerta de los pobres”), fue prohibida en 2015 por considerarse una medida discriminatoria. En Londres, la aplicación de modelos similares ha desatado controversia, aunque sin una respuesta política contundente. Según Nació Digital, el investigador Jaime Palomera, del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, ha advertido que este tipo de estrategias “pueden reforzar la segregación”.
Los promotores argumentan que “el mercado debe ofrecer soluciones flexibles”, señalando que “la tramitación urbanística en Barcelona es excesivamente lenta, dificultando la construcción de viviendas asequibles”. Massot ha lamentado que “se tarde más en obtener los permisos que en construir los edificios”. No obstante, Palomera ha advertido que soluciones como la separación de accesos pueden agravar la desigualdad en el acceso a la vivienda y consolidar una barrera social dentro de los propios edificios.
