El 19 de febrero, los últimos 83 trabajadores detenidos durante las protestas en Panamá fueron liberados tras una semana de tensiones. Las detenciones ocurrieron el 12 de febrero, cuando miles de miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) se manifestaron en contra del Proyecto de Ley 163, que busca privatizar el sistema de seguridad social del país. Las manifestaciones también se dirigieron contra el aumento de la influencia de Estados Unidos en el país, especialmente en relación con las políticas migratorias. A pesar de la represión policial, que incluyó el arresto de casi 500 personas, los manifestantes defendieron a los presos políticos.
Durante los días posteriores a las protestas, SUNTRACS y sus simpatizantes organizaron vigilias frente a las cárceles exigiendo la liberación de los detenidos. Según declaraciones de la organización, “el gobierno de José Raúl Mulino ha optado por una política de criminalización de la protesta, mientras que el pueblo panameño sigue luchando por sus derechos”. A lo largo de la semana, los detenidos fueron sometidos a malos tratos, y algunos incluso denunciaron abusos físicos tras su arresto. Mientras tanto, organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) intervinieron pidiendo explicaciones al gobierno panameño sobre los hechos ocurridos.
A pesar de la liberación de los 83 detenidos, SUNTRACS mantuvo su convocatoria para una nueva movilización masiva este jueves. La protesta continuó exigiendo la derogación de la reforma a la seguridad social y la defensa de “la soberanía nacional” frente al intervencionismo estadounidense. La organización ha reiterado que “la lucha por la justicia social y los derechos laborales continúa”, y ha apelado a “la unidad del pueblo panameño” para enfrentar lo que denuncian como “dictadura” bajo el liderazgo de Mulino.
