El número de trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) creció un 4,5% en 2024, hasta alcanzar los 189.203 casos, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobiern de España. De esa cifra, 143.089 trabajadores estuvieron en suspensión de contrato (un 5,4% más que en 2023), 37.372 sufrieron despidos colectivos (+2,4%) y 8.742 se vieron afectados por reducción de jornada (-2%).
Por sectores, los mayores incrementos de afectados por ERE se registraron en construcción (+26,9%) y servicios (+29,8%), hasta sumar 4.213 y 69.464 respectivamente, frente al descenso en agricultura (-13,2%) e industria (-7%). En diciembre se disparó el total de afectados un 50,2% en comparación con el mismo mes de 2023, superando las 31.000 personas. Este incremento se concentró especialmente en el procedimiento de suspensión de contratos (+71,9%), seguido de reducción de jornada (-28,7%) y despidos colectivos (-25,4%).
Entre las comunidades autónomas, la más perjudicada fue la Comunidad Valenciana, con 63.889 personas afectadas, más del doble que el ejercicio anterior. El ministerio achaca este fuerte incremento al impacto de la DANA ocurrida a finales de octubre, que dejó en “zona cero” distintas áreas del territorio. Aun así pasados unos meses del desastre, las cifras dejan claro quién paga las consecuencias a medio plazo. En términos generales, el 19,7% de los trabajadores en ERE estaba afectado por causas de fuerza mayor, mientras que el 80,3% lo estaba por motivos económicos, técnicos, organizativos y de producción (ETOP).
Según el Ministerio de Trabajo, la DANA ha sido uno de los principales detonantes de las regulaciones de empleo en 2024, con 5.320 trabajadores afectados directa o indirectamente por este fenómeno. De ellos, 5.184 corresponden a suspensiones de contrato y 136 a reducciones de jornada, lo que evidencia el impacto de este desastre en el mercado laboral, sobre todo en el País Valencià.
