El Gobierno y el Estado español en su conjunto enfrentan el reto de la jubilación de un millón de empleados públicos en los próximos diez años, cerca de 95.000 al año. Mientras tanto, desde los aparatos de estado se intenta reducir la media de edad en la Administración General del Estado (AGE). En los últimos cuatro años, la edad media ha descendido ligeramente a 50,5 años, aunque el 59,9% de los trabajadores sigue teniendo más de 50. En este contexto, se han impulsado medidas como la recuperación de la jubilación parcial anticipada, eliminada en 2012, con el objetivo de “facilitar el relevo generacional”, según confirmó el ministro de Función Pública, Óscar López, en el Senado.
El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, publicado en diciembre, refleja una aparente reducción en la brecha de distribución por edades, pero también un aumento en el número de trabajadores que se jubilarán en los próximos cinco años. Para tratar de mitigar el impacto, el Gobierno español ha aprobado sucesivas ofertas de empleo público, incluida una de 40.000 plazas en 2024, triplicando el ritmo de contratación respecto a los períodos de austeridad entre 2012 y 2017. No obstante, sindicatos advierten que “la reposición sigue siendo insuficiente para compensar la pérdida acumulada de 36.000 puestos en la AGE desde 2011”.
En paralelo, el PSOE se está planteando elevar la edad de jubilación forzosa de 70 a 72 años, una medida que ha generado críticas desde los propios sindicatos afines al Gobierno. Mientras Moncloa defiende que la ampliación “podría beneficiar a colectivos específicos”, como el judicial, los sindicatos alertan de que podría frenar la renovación de las plantillas. En un contexto de envejecimiento generalizado que también afecta al sector público, se intensifica el debate sobre cómo “equilibrar la experiencia y la incorporación de nuevos empleados”.
