Vox ha iniciado una ofensiva contra las leyes LGTBIQ+ autonómicas en seis parlamentos regionales —Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia—, todas gobernadas por el PP excepto Castilla-La Mancha. Las propuestas, presentadas en los últimos días, buscan derogar normas que protegen algunos derechos del colectivo LGTBIQ+. En Cantabria, con el apoyo del PP, ya se aprobó un veto a las mujeres trans en el deporte de élite. José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, afirmó que esta estrategia busca que el PP “tenga que decidir y cumpla con su programa electoral”.
El argumentario de Vox incluye críticas a la lo que denomina como “ideología de género” y “la protección de la infancia” como justificación para recortar derechos de las disidencias sexuales y de género. En Murcia, el PP rechazó la derogación de la ley LGTBI+, calificándola de “irresponsable estrategia política que juega con los derechos de las personas”, según la diputada popular María Casajús. En Madrid, donde el PP tiene mayoría absoluta, también se opusieron a derogar la ley trans, a pesar de haberla modificado el año pasado. Estas maniobras buscan tensionar la relación entre el liderazgo estatal del PP y los barones regionales, muchos de los cuales dependen de Vox para aprobar presupuestos.
En el Estado español, 19 leyes autonómicas protegen al colectivo LGTBIQ+, 12 de ellas específicas para personas LGTBI+ y siete para personas trans. Desde varios sectores denuncian qe Vox busca eliminar a las personas trans de la vida pública y dar cobertura legal a la violencia contra el colectivo. Esta ofensiva de Vox se enmarca en una estrategia política general para enfrentar al PP y ganar relevancia en la agenda política, cada vez más reaccionaria, donde los derechos de las personas LGTBIQ+ son instrumentalizados.
