El número de desahucios de viviendas en propiedad, comúnmente conocidos bajo el eufemismo de “ejecuciones hipotecarias”, aumentó un 7,75% en 2024, en contraste con la tendencia estatal, donde se registró una caída del 4,3%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. A nivel general, el total de viviendas con ejecución hipotecaria en el Estado español descendió un 5,77%, marcando el tercer año consecutivo de reducción.
El archipiélago se encuentra entre las once comunidades donde los embargos crecieron el año pasado, junto con Balears (24%), Castilla y León (23,04%) y Aragón (21,97%), entre otras. Por el contrario, los descensos más pronunciados se dieron en Madrid (-19,14%), Andalucía (-17,81%), Castilla-La Mancha (-13,91%) y el País Valencià (-13,62%). Catalunya, Andalucía y el País Valencià concentraron el mayor número total de “ejecuciones hipotecarias”, sumando casi el 63% del total estatal.
El incremento de los embargos en Canarias coincide con un contexto de encarecimiento de la vivienda y dificultades de acceso al mercado inmobiliario, a pesar de que las compraventas crecieron un 18% interanual en enero, según los Registradores.
