El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido no someter a votación en el Congreso de lo Diputados el aumento del gasto en armamento, que tiene como objetivo alcanzar el 2% del PIB para 2029. Para ello, el dirigente se ha excusado asegurando que “otras administraciones públicas y otros gobiernos metieron en guerras ilegales e injustas a España sin pasar por el parlamento”.
En una ronda de contactos con los portavoces de los grupos parlamentarios, no se proporcionaron más detalles sobre los planes concretos del Ejecutivo, más allá de lo ya conocido. El Gobierno español justifica este aumento como “parte de un compromiso adquirido con la OTAN”, al cual la Unión Europea también se ha adherido. Sánchez destaca que, aunque algunas cuestiones pasarán por el Parlamento español, “otras serán gestionadas directamente por el Ejecutivo sin necesidad de votación”.
La decisión ha provocado el malestar de la oposición, especialmente del Partido Popular, que considera que el aumento del gasto en armamento debe pasar por la cámara baja. Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, ha expresado su oposición a esta fórmula y ha advertido que “no descarta recurrir a los tribunales si el Gobierno persiste en eludir el control parlamentario”.
Feijóo subraya que “no apoyará ninguna medida que no sea aprobada por las Cortes”, y califica de “peligroso” no contar con la participación de los diputados en decisiones de gran calado como las partidas militares.
La justificación del Ejecutivo se basa en que “el aumento del gasto en armamento responde a un compromiso con la OTAN”, que se formalizó en la cumbre de Madrid de 2022. Además, Monclo busca flexibilizar las normas fiscales para que este gasto no sea considerado déficit, aunque aún existen incertidumbres sobre la financiación que recibirá de la UE.
El Gobierno español pretende que el concepto de “gasto en defensa” englobe áreas como “la protección de la frontera sur” o “la lucha contra ciberataques”, más allá de la tradicional clasificación de “defensa”.
