El Gobierno de Perú ha declarado este lunes el estado de emergencia en Lima y la vecina provincia de Callao, bajo el pretexto de “hacer frente al aumento de la criminalidad”. El decreto, publicado en la gaceta oficial El Peruano y firmado por la presidenta Dina Boluarte, establece que “la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el respaldo de las Fuerzas Armadas en zonas determinadas”. Durante los 30 días de vigencia, se suspenden derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de reunión.
La decisión se produce tras la indignación generada por el asesinato del cantante Paul Flores, vocalista del grupo de cumbia Armonía 10, cuyo autobús fue atacado el pasado fin de semana. Además, el decreto otorga al Ministerio del Interior la responsabilidad de coordinar medidas con instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Según anunció el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) se reune este martes para abordar la reforma del sistema penitenciario.
El estado de emergencia en Lima y Callao se ha convertido en una herramienta recurrente del Ejecutivo para enfrentar la inestabilidad social desde el fin de la pandemia. La última declaración similar se produjo en septiembre de 2024 en 14 distritos de la capital, tras denuncias de extorsión en el sector del transporte urbano. En el Congreso, diversos grupos parlamentarios han expresado su disposición a presentar una moción de censura contra Santiváñez, mientras que el Gobierno ha defendido su permanencia en el cargo.
