La Seguridad Social acumula actualmente 230.000 prestaciones por incapacidad pendientes de tramitación, según fuentes internas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) consultadas por El Confidencial.
La sobrecarga de trabajo se debe, según los directivos de la institución, “a la falta de personal y a una regulación cada vez más compleja”. De acuerdo con los datos proporcionados por estos responsables, más de 150.000 trabajadores con bajas médicas superiores a un año están pendientes de evaluación, mientras que otros 80.000 expedientes de incapacidad permanente siguen sin resolver. La situación ha sido advertida al Gobierno español desde marzo de 2023, sin que hasta ahora se hayan implementado medidas para revertir el colapso administrativo.
Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz, los directivos del INSS han convocado huelgas los días 25 y 27 de marzo en protesta por la sobrecarga laboral y la gestión del sistema. El seguimiento de los paros ha superado el 60%, según sus organizadores.
La única reunión mantenida con el Ejecutivo, a través del secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, no ha resultado en compromisos concretos. En lugar de ofrecer soluciones desde su departamento, Suárez habría derivado las principales reivindicaciones al Ministerio de Transformación Digital, dirigido por Óscar López.
Además de la carga acumulada en la gestión de incapacidades, los directivos de la Seguridad Social denuncian que el envejecimiento de la plantilla y la falta de personal cualificado ponen en riesgo el funcionamiento del sistema.
En algunas direcciones provinciales, hasta el 75% del personal tiene más de 55 años y el 45% supera los 60 años, lo que anticipa un problema estructural de jubilaciones en los próximos años. También advierten sobre la llegada de interinos sin formación específica, lo que estaría afectando la calidad del servicio y ralentizando aún más la resolución de expedientes.
