La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicará el 31 de marzo un informe clave para evaluar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el Estado español. Esta revisión, exigida por la Comisión Europea como parte de las condiciones para la recepción de fondos europeos, analizará la evolución del gasto en pensiones y la capacidad del sistema para financiarlo con los ingresos previstos.
Según el marco normativo vigente, si el informe detecta un desequilibrio, Moncloa deberá implementar “medidas correctoras”, que podrían incluir un aumento de las cotizaciones sociales de forma progresiva durante cinco años, más recortes o acelerar el la subida de la edad de jubilación, tendencias persistentes en los últimos años.
Uno de los principales puntos de debate es si las transferencias de dinero del Estado deben contar como ingresos del sistema de pensiones. La Comisión Europea ya ha señalado que este método no soluciona el problema de fondo, sino que traslada el déficit a otro lugar. Según cálculos del economista Miguel Ángel García, si se incluyen estas transferencias, el sistema podría tener un déficit superior al 3% del PIB en 2050.
Esto es relevante porque tal desajuste en las cuentas podría afectar la llegada de fondos europeos al Estado español, cuya próxima evaluación está prevista para el 11 de abril. Por lo tanto, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez tendrá que presentar unas cuentas que gusten a los funcionarios de Bruselas.
El informe de Airef será clave para entender si las pensiones públicas están garantizadas a largo plazo o si se impulsarán reformas más profundas. Además de analizar los ingresos y gastos del sistema, también evaluará el impacto del envejecimiento de la población y si el nivel de gasto en pensiones se mantiene dentro del 13,3% del PIB acordado con Bruselas. Las conclusiones definirán si la Comisión Europea obligará a Madrid a hacer cambios en las próximas décadas.
