El desalojo se produjo en la mañana del 24 de marzo, cuando una vecina alertó a la Policía Local de Palma sobre “la ocupación de un local”. Según han denunciado el Sindicat d’Habitatge de Palma y la Organització Juvenil Socialista (OJS) de Mallorca, el espacio llevaba tiempo en uso y su objetivo era habilitarlo como punto de asesoramiento en materia de vivienda.
A pesar de que los militantes intentaron presentar pruebas de uso prolongado del inmueble, los agentes desplegaron un amplio operativo con tres patrullas, dos furgones antidisturbios de la Policía Local y un furgón de la Policía Nacional española. Durante la intervención, cuatro personas fueron identificadas y dos militantes que se encontraban dentro del local fueron detenidos.
El Ayuntamiento de Palma emitió posteriormente un comunicado en el que calificó el espacio como “un negocio”, con lo que justificó la intervención policial. Como respuesta, el Sindicat d’Habitatge de Palma ha convocado una concentración frente al ayuntamiento de la ciudad, pero la Policía Nacional española ha impedido la protesta identificando a los asistentes y advirtiendo sobre posibles sanciones.
Por ello, y al saber que los detenidos se encuentraban en dependencias de la Policía local, el sindicat y la OJS han convocado la concentración a las puertas de la comisaría para exigir la liberación de los detenidos. “La prohibición de la concentración por razones burocráticas es una estrategia para limitar la organización de la clase trabajadora”, declaran desde el sindicat.
